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La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias para investigar la actuación del alcalde de Santoña, Sergio Abascal, tras la denuncia presentada por la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña en la que se le acusa de impedir que este colectivo celebrase su acto ... de presentación en la Casa de Cultura de la villa. Para los miembros del colectivo el regidor podría haber incurrido en un delito de prevaricación o bien en uno de comportamiento injusto.
Según recuerdan desde la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña, en diciembre de 2017 solicitaron al Ayuntamiento el uso de la sala de exposiciones de la Casa de Cultura para celebrar su presentación a la sociedad de la villa. Después de varios meses sin recibir respuesta alguna, en el pleno municipal de agosto de 2018, el concejal de Santoñeses Jesús Gullart preguntó al alcalde por las razones que impedían al Ayuntamiento dar respuesta a la solicitud planteada por el colectivo. En ese momento la respuesta del regidor fue que la «Asociación no puede pretender presentarse en dependencias municipales por haber pleiteado contra el Ayuntamiento», refiriéndose así a la demanda contencioso-administrativa que interpuso el colectivo con la pretensión de evitar la modificación parcial del Plan General de Santoña que permitiría el derribo del ala oeste del antiguo hospital militar y que resolvió el TSJC en marzo pasado. En aquel pleno, el alcalde afirmó «desconocer la finalidad del acto» y, en última instancia, alegó el «criterio de discrecionalidad del Ayuntamiento para seleccionar los actos que se permiten exponer en la casa de cultura».
A juicio de la Asociación que preside Pedro Linares, la actuación de Sergio Abascal constituye un «claro abuso de autoridad y un acto intolerable de censura hacia una asociación legalmente constituida y que persigue un beneficio colectivo como es la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural local». Para los miembros de este colectivo, «Abascal ha adoptado una actitud vengativa que pretende la muerte social de un colectivo crítico con su deficiente gestión del patrimonio cultural santoñés». Ante esta situación el colectivo decidió acudir a la Fiscalía para que investigase si el regidor santoñés hubiera podido incurrir en un delito de prevaricación de autoridad u otro de comportamiento injusto.
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