El Gobierno confía en que 134 de las 254 viviendas afectadas en Argoños se puedan salvar

Tras una reunión con el presidente de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), Antonio Vilela, y el alcalde de Argoños, Juan José Barretabeña (PP), en la que también estuvo presente el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el consejero de Fomento, Roberto Media anunció que, en estos momentos, se dan por perdidas 120 de las 254 viviendas afectadas. Ya que hay 134 que pueden ser legalizables, pues dependen de si finalmente decae o no el PGOU. «Vamos a esperar a esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) sobre el Plan General de Argoños. Si solo anula lo que nos dicen los técnicos que va a anular, que es lo que ha pedido ARCA, que son las partes afectadas por el PORN, estarían legalizadas el resto de construcciones». En caso contrario, el Gobierno ofrecería las mismas opciones que al resto, es decir, viviendas de sustitución o indemnizaciones.

Media detalló al término de esa reunión que hay dos zonas que ya no son susceptibles de «seguir dando vueltas» respecto a su situación. Estamos hablando de Pueblo del Mar, en la que 21 de las 78 viviendas no van a tener solución. «Por lo tanto, esas 21 viviendas, como hay que demolerlas, vamos a arrancar con todo ese proceso». Del mismo modo, en urbanizaciones de Las Llamas 1 y Las Llamas 2 no hay nada salvable y «habrá que demoler las 99 viviendas para luego volver a construir encima». «Son estas cosas que pasan ahí, pasan en Escalante, y que nadie las entiende. Y dicen los defensores del medio ambiente de Cantabria, estos supuestos defensores de ese medio ambiente, que eso es bueno. No le veo la parte buena por ningún sitio, pero bueno, ellos tienen su pequeña victoria y los cántabros y, sobre todo estos vecinos que son los grandes paganos de todo este problema, son los que lo sufren», criticó el consejero, al tiempo que manifestó que las sentencias judiciales «son para cumplirlas, incluso las que no nos gustan», y cuestionó a quienes dicen ser «defensores del medioambiente de Cantabria» pero defienden «otros intereses que por supuesto no son los de todos».

Así las cosas, el Gobierno va a mandar una carta a los titulares de estas 120 viviendas para que en un plazo de 15 días digan si desean una vivienda de sustitución como prevé el convenio o desean el dinero de la indemnización. «A todos nos gustaría que se quedaran en Cantabria, que es donde tienen su vida hecha en esas viviendas que ahora va a haber que demoler, pero bueno, es decisión suya y en ello están», afirmó Media.

El consejero de Fomento aseguró que una vez que sepan cuántos afectados quieren la indemnización y cuántos la vivienda de sustitución, «arrancaremos con la compra efectiva de esos terrenos, con la redacción de los proyectos y con la ejecución de las obras». «Nosotros, como así nos hemos comprometido, no vamos a tardar año y medio o dos años en comprar un terreno. Lo haremos rápido, urgente y eficazmente. No vamos a tardar años en hacer los proyectos constructivos para hacer esas viviendas. Lo haremos rápido y eficientemente, y tampoco vamos a tardar muchos años en construir las nuevas viviendas de sustitución».

En este sentido, avanzó que con aquellos vecinos que quieran quedarse en Argoños, «en cuanto compremos esos terrenos iniciaremos la redacción de los proyectos y de forma inmediata después la licitación de las obras».

En cuanto a los plazos que se manejan, Media estimó que «a final de esta legislatura todas las obras de estas 120 primeras viviendas tienen que estar en marcha sin lugar a duda, y a partir de ahí, lo que tarden en acabarse». «Esto es una prioridad absoluta para el Gobierno de Cantabria. No podemos dejar abandonados a esta gente más años».

Frente al optimismo del consejero de Fomento, el pesimismo del presidente de AMA, Antonio Vilela, que cree que es «muy difícil, muy complicado, que se puedan salvar las otras 134 viviendas». «Creemos que lo más probable es que también decaiga el Plan General y lo que pedimos tanto a la Justicia como al Gobierno es que lo acelere lo más posible porque pensamos que a todos, no solo a una parte, sino a todos los afectados, hay que aplicar el convenio y no crear diferencias ni nada». «Vamos a solucionar el problema de los derribos, como muy bien dijo la presidenta del Gobierno de Cantabria, de una vez por todas y para todos. Vamos acabar con el sufrimiento de tantos años de familias que tan injustamente se han visto en esta situación sin tener culpa alguna», reclamó Vilela, al tiempo que apostó por las viviendas de sustitución por el «arraigo» de los afectados y «el querer a nuestra tierra, a Cantabria».

Respecto a si hay una estimación de cuántos afectados optarían por las viviendas de sustitución, Vilela no pudo dar ninguna cifra. «Ahora hay un plazo de 15 días para informar a los vecinos y después vendrán urbanización por urbanización para informar de su decisión».