El Gobierno da vía libre a Arnuero para solucionar la demolición de La Arena

El de Bocarrero fue el espacio elegido para dar forma al acuerdo alcanzado en 2012 entre Gobierno de Cantabria, Consistorio, los propios particulares damnificados y la asociación ecologista ARCA para proceder a derruir la urbanización El Encinar y rehabilitar ambientalmente el entorno, así como resarcir posteriormente a los residentes, todo ello con un fallo judicial firme de los tribunales.

Por ello, la aquiescencia definitiva de la Crotu al Plan Parcial da el pistoletazo de salida para que el municipio pueda acelerar los trámites del proceso, que había quedado a la espera de que la Justicia avalara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) validado en 2013, después de que un particular con intereses en la zona interpusiera un recurso contra el documento. Los tribunales rechazaron la reclamación en febrero, por lo que la seguridad jurídica del planeamiento dio libertad a Arnuero para comenzar a avanzar en sus proyectos.

El alcalde, José Manuel Igual, pone un ejemplo claro de la prioridad que desde la Casona han dado al plan para urbanizar Bocarrero: «Hoy mismo -por ayer- he firmado en el notario un acuerdo para la compra de una finca en la zona. En octubre emitiremos una orden para proceder a la adquisición de más parcelas, mientras que los espacios restantes que se requieran para cumplir con la actuación se obtendrán posteriormente vía expropiaciones», detalla.

Igual también se atreve a hablar de plazos. «Estamos dando pasos firmes. Siempre con la prudencia que aconsejan este tipo de asuntos, creo que para el verano de 2018 podrían estar listos los accesos y la urbanización que se recogen en el Plan Parcial. A partir de ahí, será el turno del Gobierno autonómico, que será el encargado de construir las viviendas que se entregarán a los afectados por la sentencia de La Arena», razona.

Cabe recordar que la Justicia condenó a Ayuntamiento y Ejecutivo a correr con los costes de la actuación. La economía local se encarga de esta primera fase de urbanización y accesos, mientras que el erario regional será el que sufrague los nuevos inmuebles.

«En 2019, si todo va bien y en función de los acuerdos que se alcancen con las empresas adjudicatarias, podría arrancar la construcción de las casas», sostiene el alcalde. Cuando éstas estén terminadas se les entregará la llave a los afectados, que éstos trocarán por la de sus actuales posesiones en La Arena, que tendrán que abandonar para acatar la sentencia judicial. «Estamos trabajando con celeridad, pero en comunicación permanente con los vecinos», resalta Igual.

Las demoliciones se establecieron en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de 4 de mayo de 1994, tras un recurso contra la licencia de construcción otorgada a Inmobiliaria Arnuero para la construcción de 144 viviendas y garajes.

Esa decisión fue confirmada y se ordenó el derribo de lo edificado en el encinar situado junto a la playa La Arena ya que, según el fallo, los terrenos no reunían los requisitos necesarios para ser clasificados como suelo urbano. Los primeros trabajos de demolición de los pisos sin habitar comenzaron en abril de 2009.

El Ayuntamiento estima ahora una inversión de 406.577,04 euros que engloba las obras de urbanización del sector de suelo que acogerá las viviendas de compensación para los propietarios perjudicados por la demolición de las viviendas de las que serán desalojados.

En paralelo, el Gabinete que dirige Igual está impulsando una herramienta «pionera» para ejecutar las líneas maestras que dibuja el PGOU. El Programa de Desarrollo de dicho Plan General contempla diferentes tramos para la zona de Bocarrero. El estadio inicial del proyecto prevé estar acabado en 2019, mientras que la evolución de la zona tendrá continuidad a partir de 2023 y hasta 2026. El regidor ya explicó a este periódico que el nuevo planeamiento no solo integra actuaciones de derribo, sino proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.