El Gobierno marca la «hoja de ruta» a los afectados por los derribos de Argoños

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, en un concurrido acto celebrado en la pista deportiva de la localidad, desgranó los sucesivos pasos que tendrán que realizar a partir de ahora los vecinos, y que ya no darán en conjunto como Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), sino que cada urbanización afectada tendrá que trabajar, de la mano con los asesores legales, para la consecución de las licencias de sus viviendas. Una vez obtenidas, estas se tendrán que remitir a los jueces que resolverán, en última instancia, qué casas se salvan o no de la piqueta conforme al nuevo marco del PGOU.

Gochicoa incidió en que se ha aprobado un documento urbanístico que dispone de la mayor seguridad jurídica; no obstante, se mostró cauto, ya que actualmente hay sobre la mesa un «elemento importante de incertidumbre». Y es que se está pendiente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria respecto al recurso presentado por la asociación ecologista ARCA contra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas. El consejero dijo que sabe que actualmente la Sala sigue «deliberando» sobre la sentencia: «Si fuera desfavorable, podría hacer que el Plan General deviniera, en parte o en su totalidad, lo cual nos preocupa bastante». A la espera de ese pronunciamiento, Gochicoa emplazó a los afectados a seguir trabajando e insistió en dar celeridad a los próximos pasos.

En cuanto al procedimiento a llevar a cabo, lo primero será redactar un proyecto básico adaptado al nuevo Plan General. Para su elaboración, los titulares de las viviendas - agrupados en cada urbanización- tendrán que contratar un arquitecto. El consejero aclaró que los gastos irán con cargo al fondo de derribos conforme al convenio firmado. Cuando esté redactado el proyecto, los propietarios deberán solicitar en el Ayuntamiento la licencia de sus viviendas, y aquellos que la reciban -matizó que es probable que no sean todos- «tendrán que establecer un incidente de ejecución» y esperar al pronunciamiento final de los jueces. En esta hoja de ruta, remarcó Gochicoa, «contaréis con toda nuestra ayuda y apoyo técnico».

En el acto también intervinieron los abogados de los afectados explicando que algunas casas, las construidas sobre terrenos urbanos consolidados, podrán solicitar la licencia de una manera más directa y corta con el proyecto básico, mientras que otras urbanizaciones, como es el caso del Camino del Portillo, levantadas en terrenos urbanos no consolidados, antes del documento básico tendrán que realizar un trámite previo de un proyecto de reparcelación, por lo que el proceso será más lento. Aún así, el consejero insistió en darse la mayor prisa posible en los plazos. «Lo ideal sería presentar incidentes de ejecución este mismo año», concretó. En aquellos casos, añadió, en los que la Justicia diga que la regularización no es posible, se buscará otra solución como la vivienda sustitutoria o la indemnización.

En la reunión, el presidente de AMA, Antonio Vilela, puso en valor el trabajo realizado por todos los integrantes de la asociación para lograr justicia y aunque señaló que «el Plan no supone la regularización de las viviendas», sí destacó que «es un paso muy importante ya que era una condición 'sine qua non' para seguir dando otros pasos». A la cita acudieron el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña; y el de Arnuero, José Manuel Igual. El regidor de Argoños confía en que el Plan «sea la herramienta para regularizar la situación del municipio después de tantos años» y se mostró «con ganas de seguir trabajando como hasta ahora para llegar a buen puerto».