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El Gobierno de Cantabria recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel que se conoció ayer, miércoles. Aunque la decisión era más que previsible, ha sido ... el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, el que ha confirmado este jueves en un acto público que el Ejecutivo interpondrá un recurso de casación. Cantabria no comparte las dos resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que invalidan el documento al entender que no tiene «consideración suficiente a los valores y recursos dignos de protección».
El fallo judicial deja en situación de inseguridad jurídica a las 225 viviendas de Argoños sobre las que pesan sentencias de demolición, ya que echa por tierra la hoja de ruta fijada por el Gobierno de Cantabria para intentar regularizar algunas de las casas de este municipio. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, aprobado de forma definitiva el pasado de octubre por la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) es el mecanismo imprescindible para salvar de la piqueta las viviendas. Sin embargo, dos meses después, la situación es que ese nuevo planeamiento urbanístico se sustenta en un PORN declarado ilegal por los jueces, lo que complica, y mucho, la solución en la que se estaba trabajando.
El consejero de Obras Públicas José Luis Gochicoa ha declinado hoy de nuevo valorar la sentencia y sus consecuencias. Ha señalado que prefiere esperar a la reunión que mantendrá este sábado con los afectados en el Centro Cultural de Argoños e informarles -primero a ellos- de los pasos a dar ante este revés judicial. Por su parte, el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, ha comentado que el Ejecutivo está estudiando las fórmulas para seguir adelante con el PORN de las Marismas.
El anuncio de Revilla de que recurrirán las resoluciones no ha sorprendido al presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que considera que entra «dentro de lo normal» que el Gobierno regional recurra unas sentencias que «puede que tengan deficiencias o no se ajusten totalmente a derecho. Es un recurso legal». Sin embargo, desde el prisma de los afectados, el recurso de casación «lo vemos muy lejos y tiene muy pocas posibilidades de llegar a buen puerto». Por ello, ha reconocido que «no nos da muchas esperanzas, aunque nos parece normal». Lo anterior no obsta para que la asociación haya expresado en un comunicado la «rabia» y «desesperación» que siente por como están siendo maltratadas cientos de familias.
AMA celebrará este sábado, a las 11.00 horas, en Argoños, la XV edición del acto de apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo el lema: 'Los Derechos Humanos, necesarios como el agua'. Posteriormente, el consejero de Obras Públicas hará balance de la situación a raíz de esta sentencia.
El colectivo dice que apoya toda medida que refuerce y proteja el medioambiente, y más las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, pero no comprende que «todo pueda estar mal en una norma tan importante como el PORN». «Esto de cargarse la norma completa, se parece mucho a la ley del mínimo esfuerzo. Cuesta mucho más separar lo que entra dentro de la legalidad vigente y lo que no lo cumple, algo que también pasa en los PGOU». A esto, han apostillado, «se le puede llamar pereza judicial».
La anulación, han señalado, deja «un vacío e inseguridad jurídica en la que se mueve nuestra Comunidad que no podemos comprender» y han mostrado sus discrepancias con que una sentencia tan relevante se sustente «en la posición emitido por un solo biólogo».
Para AMA el Gobierno de Cantabria tiene que dar muchas explicaciones porque «no puede ser que cada actuación, cada ley, cada norma importante resulte contraria al derecho». Y es que la asociación estima que la pugna entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo está ocasionando «daños irreparables» a todos los ciudadanos de Cantabria. «Solo la última sentencias puede costar al contribuyente más de 50 millones de euros».
Desde hace décadas, todo es un engaño, lamentan. «Empiezan las legislaturas prometiendo soluciones, ilusionan a la familias y luego es todo una mentira».
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