La huelga del servicio de basura colma los contenedores de Santoña

Por el momento, no se ha alcanzado un acuerdo en el conflicto que mantienen la empresa adjudicataria del servicio FCC y la representación sindical de los trabajadores (CCOO), en el que el Ayuntamiento de Santoña está tratando de mediar para encontrar una solución.

Durante las tres primeras jornadas de paro no se ha llevado a cabo ningún servicio mínimo por discrepancias entre las partes, con la excepción de los entornos de los colegios, centro de salud y residencias de mayores. Todo apunta a que la convocatoria con un seguimiento del 100% de la plantilla, formada por 18 trabajadores, se mantendrá en el tiempo.

Los operarios de la recogida de basura se niegan a trabajar hasta que FCC no atienda su reclamación de un incremento salarial acorde con la subida del IPC y que, según CCOO, «ya se había comprometido por el anterior equipo de Gobierno».

El convenio colectivo caducó en 2022, y desde entonces, el sindicato negocia con la empresa un acuerdo, que no termina de llegar a un buen puerto. FCC no acepta la subida de sueldos que le exige CCOO, alegando que tiene «considerables pérdidas» con el contrato vigente debido a los costes de la inflación. Para poder atender la pretensión de sus trabajadores, reclama al Consistorio una cantidad de 120.000 euros.

El equipo de Gobierno aduce que se trata de una situación heredada de los anteriores dirigentes locales (PSOE-PRC). En un comunicado, el concejal de Economía Eloy Oliveri explica que el anterior Ayuntamiento para librarse de una huelga en vísperas de las pasadas elecciones municipales, se mostró partidario de «estudiar la viabilidad de la petición de la empresa», con el fin de ver si era posible modificar alguna condición del contrato. En cualquier caso, la propuesta se debía consultar antes con Secretaría e Intervención.

Intervención se opuso a la modificación del precio del contrato, ya que «no ha habido cambios en las condiciones ni prestaciones demandadas por parte del Consistorio». Ante esta controversia, el Gobierno actual (Santoñeses y PP) encargó en julio un estudio económico independiente para valorar el impacto de la inflación en el servicio que presta FCC, cifrándose este en 34.000 euros.

Este importe «no es suficiente» para la empresa, que condiciona la subida de la masa salarial que le exigen los trabajadores a que el Ayuntamiento le cubra sus pérdidas. Algo que el Consistorio deja claro que es «inviable». Así las cosas, el convenio entre FCC y sindicato está más encallado que nunca, derivando el bloqueo en este paro indefinido.

Desde la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria se han reunido este lunes con los trabajadores y el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, para abordar la situación. El sindicato ha trasladado al regidor como posibles soluciones la rescisión del contrato o internalizar el servicio y que lo asuma el Ayuntamiento. Y es que, «desde la adjudicación del servicio a FCC en el año 2019, la empresa ha incumplido constantemente el pliego y tiene pérdidas por realizar una oferta a la baja», señaló Jesús de Cos, secretario general de la Federación de Hábitat de CC OO en Cantabria.

Igualmente, De Cos ha apuntado que, aunque no le corresponde al sindicato, CCOO realizó también un estudio de mercado que cifró el déficit de la empresa adjudicataria en 65.000 euros. «Nosotros hablamos solo de salarios y la empresa en su importe incluye salarios, material, beneficios...En cuanto al estudio encargado por el ayuntamiento es solo de 2019 a 2022,cuando el convenio que se negocia va desde el 2023 al 2025».

El secretario ha detallado que en el marco de la negociación del nuevo convenio se «recoge un preacuerdo, que alcanzamos antes de las elecciones municipales de mayo con FCC, y contempla un 4,5% de incremento salarial para 2023, el 5% para 2024, el IPC más 0,5 para 2025 y el IPC más un punto en el 2026».

De Cos ha instalado a la empresa y al Ayuntamiento «a dar un paso al frente para resolver este conflicto que mantiene a 18 personas en huelga por el incumplimiento de un acuerdo que es urgente hacer efectivo, porque la empresa aduce que no tiene dinero y el Ayuntamiento, que no puede cambiar el contrato, pero lo único que está claro es que los trabajadores tienen que cobrar y así lo lucharemos hasta el final».