El juez ratifica la imputación a Jesús Díaz por retrasar las licencias de la empresa del actual alcalde de Noja

El Juzgado nº 1 de Santoña ha confirmado la imputación al exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP) por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por «retrasar» la concesión a Promociones Nocanor de las licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire, con la finalidad de «perjudicar económicamente» a la constructora -la empresa familiar del actual alcalde, Miguel Angel Ruiz Lavín (PRC)-.

La sentencia desestima así el recursos presentado por Díaz contra el primer auto de imputación, que sigue sin ser firme puesto que también se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial. El magistrado Guillermo Martínez señala en su resolución, fechada el 15 de enero, que el recurso no puede prosperar porque «los hechos indiciarios recogidos en el auto recurrido no son una mera descripción cronológica del procedimiento administrativo que dio lugar a la presente denuncia».

Por el contrario, señala que «en dicha descripción se revela que el señor Díaz (junto al otro investigado), aprovechando su condición de alcalde y con la intención de perjudicar económicamente a la entidad Nocanor, dictó a sabiendas diversas resoluciones administrativas que contradecían frontalmente la legislación vigente y que reflejan la voluntad del mismo de retrasar lo más posible la concesión a Nocanor de las licencias necesarias para el desarrollo de la promoción inmobiliaria».

La desestimación del recurso de Díaz ante el juez instructor ha sido difundida por el propio Ayuntamiento de Noja en un comunicado de prensa en el que habla de un «nuevo revés judicial» al que fuera alcalde durante 27 años, y señala que el recurso de apelación ante la Audiencia será «la última oportunidad» de Jesús Díaz «para evitar este nuevo proceso judicial».

En el auto de imputación, el juez aprecia «indicios racionales de criminalidad» en la forma de proceder del exalcalde y del entonces secretario municipal, cuya actitud tacha de «obstruccionista», y considera que dictaron «a sabiendas» diversas resoluciones contrarias a la legislación administrativa vigente para «perjudicar económicamente» a una constructora que había adquirido un terreno que él también quería adquirir.