La anulación del PORN de las marismas de Santoña echa por tierra los planes del Gobierno para los derribos

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado sendos recursos presentados por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y por el propietario de una finca afectada contra el decreto que en 2018 aprobó el PORN. El juez resuelve declarar nulo el documento al entender que el método para establecer las zonas de uso limitado, uso compatible y uso general no cumple con los objetivos de protección del propio Plan.

Contra la sentencia, cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Desde la Consejería de Medio Ambiente manifestaron que estaban analizando la resolución para decidir si finalmente se recurre. Y ni esta Administración, ni la Consejería de Obras Públicas quisieron entrar a valorar el fallo.

La invalidación judicial del PORN de las marismas de Santoña tiene consecuencias directas en la situación de las 255 viviendas con sentencia de derribo en el municipio de Argoños. La resolución de la Sala echa por tierra los planes del Gobierno de Cantabria para intentar que los jueces regularicen alguna de estas casas.

El pasado mes de octubre, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) aprobó de forma definitiva el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños. Tras más de una década de espera, el documento era un resquicio de esperanza para los propietarios afectados que, al fin, disponían de este mecanismo para seguir dando pasos en busca de una solución.

De hecho, en base a ese nuevo planeamiento urbanístico, actualmente los propietarios estaban trabajando con sus asesores legales en un proyecto básico de sus viviendas para solicitar las licencias. Una vez obtenidas, estas se remitirían a los jueces que resolverían, en última instancia, qué casas se salvan o no de la piqueta conforme al nuevo marco del PGOU.

Con la anulación del PORN toda está hoja de ruta ha quedado en una situación muy complicada. Tras la sentencia, el PORN en su totalidad ha dejado de ser legal lo que implica que el Plan General de Argoños está elaborado sobre una normativa que no es válida conforme a derecho por lo que las posibilidades de que se regularicen las viviendas afectadas de Argoños por los jueces quedan reducidas a la mínima expresión.

Argumentos

La Sala de lo Contencioso Administrativo argumenta para invalidar el PORN que el método que se ha empleado para establecer las zonas de uso limitado, uso compatible y uso general se ha basado en criterios predominantemente geomorfológicos y sólo el 16% de los criterios a tener en cuenta para delimitar esas zonas han sido de tipo biológico. Esta metodología ha permitido, según el juez, «un alto grado de subjetividad en su aplicación, que impide que pueda afirmarse que se otorga el grado de protección y que se persiga la recuperación de los recursos naturales objeto de su protección».

Para presidente de Arca, Carlos García, la resolución dictada es el «triunfo de la lógica y de la justicia». Sostiene que lo que «se pretendía era cambiar una ley, realizada para defender el interés general, no para mejorar este espacio protegido (las marismas), sino para incumplir una sentencia judicial firme». Para García con este PORN se había cometido «un abuso de poder por parte de los representantes políticos del Parlamento de Cantabria, primando el interés particular de unos pocos por encima de la Comunidad». De hecho, añade que los diferentes consejeros y los directores de Urbanismo, en reuniones mantenidas desde 2014, «nos han dicho claramente que su estrategia era intentar salvar las sentencias de derribo a través de los planes generales y del cambio de la ley de las marismas y nosotros dijimos que lo íbamos a recurrir».

Para la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) la sentencia de anulación del PORN es «una puñalada» tras casi 30 años de lucha. El presidente del colectivo, Antonio Vilela, se leyó de arriba abajo la sentencia cuyo fallo es «muy claro» y afecta «a la totalidad» del PORN lo que reduce a la «mínima expresión» las posibilidades que había, a raíz de la aprobación del Plan General de Argoños, de regularizar las viviendas con sentencia de derribo de este municipio. «Es mucho más complicado».

Los afectados, lamenta, «nos sentimos desolados y no sabemos ya qué hacer». Cada vez que están cerca de ver una solución, «la Sala de lo Contencioso-Administrativo tira por tierra todo el trabajo. Nos ha maltratado de una manera terrible desde que comenzó todo esto y después, una y otra vez, con cada sentencia». Vilela también carga contra el Gobierno de Cantabria que tiene una responsabilidad «muy grande» en un PORN que ha tardado 18 años en elaborar. «Insistimos en que se hiciera con toda la seguridad jurídica y, ahora, nos encontramos con esto otra vez».

El presidente de AMA, que discrepa con algunas de las afirmaciones del fallo, dice que puede llegar a entender que «el PORN tenga alguna parte que no esté conforme a derecho» pero no comprende que la Justicia «se lo cargue entero porque el daño que hace es terrible». Vilela supone que el Gobierno interpondrá un recurso de casación y recuerda que el Supremo falló a favor del PORN de Oyambre, pero sabe que eso es complicado y «en el mejor de los caso se tardará cuatro años. Pedimos acabar con esto. Si la solución que ven los jueces es derribar todas las viviendas pues habrá que hacerlo y gastar en indemnizaciones 50 millones de euros para tirar unas casas en suelo urbano donde después se podrá construir».