La Justicia da vía libre al derribo del ala oeste del Palacio de Chiloeches

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña contra la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio relativa al área del Palacio de Chiloeches, acordada por la Crotu en marzo de 2017.

La Justicia echa abajo los argumentos esgrimidos por este colectivo y avala la aprobación de la modificación puntual que, según se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), pretende conseguir la conservación y rehabilitación de la casa palacio manteniendo sus usos característicos, ordenar su entorno próximo y obtener la cesión de un espacio libre de uso público.

Este espaldarazo judicial a la modificación puntual da luz verde a una futura demolición del polémico ala oeste, respecto al cual, la Consejería de Cultura resolvió el pasado año, en virtud de los expedientes y documentos existentes, denegar la solicitud de protección de Bien de Interés Cultural (BIC), que nunca tuvo y que sí ampara al resto del inmueble, al no reunir los méritos históricos y artísticos suficientes. Un aspecto que avalan las magistradas en la sentencia.

La Asociación en Defensa del Patrimonio de Santoña recurrió la aprobación de la Crotu que entró en vigor en marzo de 2017 una vez incluidos los criterios de monetización exigidos, con el fin de evitar que al Ayuntamiento procediera a la demolición del anexo para construir viviendas. El colectivo acudió al Contencioso Administrativo solicitando la anulación de esta modificación del Plan General en el área de Chiloeches alegando que se incumplen varias leyes como la del Suelo de Cantabria referente a «un incremento de edificabilidad residencial y la necesidad de que los nuevos espacios libres se dejen en la misma zona». También aluden a una infracción de la ley del Patrimonio Cultural de Cantabria ya que «la modificación anula las medidas de protección que había establecido en 1987 para promover una actuación inmobiliaria».

El colectivo en su exposición de motivos sostiene que el Ayuntamiento ha cometido la infracción de descatalogarlo y que el Gobierno regional ha hecho dejadez de funciones «no adoptando las medidas necesarias para la conservación y protección de su patrimonio cultural». Y, en último lugar, hablan de una vulneración de la protección del entorno del hospital militar y falta de motivación en la descatalogación.

El Tribunal rechaza todas las alegaciones al «haberse producido todos los informes requeridos por la normativa autonómica, darse cumplimiento a las específicas recomendaciones hechas llegar desde la Consejería dirigidas a lograr una mayor protección, rehabilitación y contemplación del Palacio de Chiloeches y sin que las alegaciones vertidas se acompañen de material probatorio que las avale, lo que las sitúa en una zona de subjetividad que no pueden ser base de una resolución anulatoria».

El alcalde, Sergio Abascal, ha recibido esta sentencia con un sabor «agridulce». Reconoce la satisfacción por ver que se da la razón a Gobierno y Ayuntamiento avalando que «hemos actuado siempre dentro de la legalidad con el ala oeste», pero, lamenta, que «hemos perdido un año y medio con este proceso judicial y todas las acusaciones, manipulaciones y mentiras realizadas cuando, a día de hoy, podría estar la cubierta restaurada. No se ha podido actuar de ninguna manera ni para su reparación, ni para otro tipo de actuación al estar pendiente de resolución judicial».

Ahora, explica, el Consistorio seguirá con los trámites previstos y recuerda que la Crotu enmendó el convenio firmado por el Ayuntamiento y propiedad en 2014 estableciendo la obligación de fijar unos nuevos aprovechamientos y su monetización que ya se aprobó y corresponden al Consistorio. «Vamos a esperar a la contestación por parte del Servicio de Patrimonio Cultural a los proyectos que hay para efectuar las demoliciones de los elementos, casetas y construcciones que no tienen ningún valor arquitectónico dentro del espacio de delimitación». Además, se va a trabajar y negociar con la propiedad para llegar a acuerdos en base a esa monetización de cara a que el palacio y sus jardines sur sean públicos y poder restaurar el inmueble lo antes posible. «Vamos a trabajar para dar solución a un problema que el ayuntamiento tiene desde hace más de 30 años y hacer viable el desarrollo urbano de ese área». «En ningún momento hemos querido tirar un BIC y destruir el patrimonio. Hemos tenido que soportar injustamente estos tres años acusaciones que son falsas», concluyó.