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El juzgado de paz de Bárcena de Cicero ha suspendido este miércoles in extremis el desahucio de una familia residente en Gama que denuncia haber sido victima de un prestamista. Minutos antes de las once de la mañana –hora prevista para el lanzamiento– ... el hijo de esta familia, Héctor Setién, llegaba a la entrada de su casa con un papel entre las manos que acababa de conseguir en el juzgado de paz por el que se suspendía el desalojo de la vivienda hasta el 27 de junio.
Para ese momento, el entorno de la casa, en el barrio de Tuebre, había sido ya tomado por cerca de medio centenar de personas entre los que se encontraban numerosos integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), diputados de Podemos, la abogada de Gesvican (empresa pública de la que depende la Oficina de Emergencia Habitacional), así como amigos y vecinos de la familia. Todos ellos acudieron a apoyar a esta familia que denuncia haber sido víctima de la «estafa» de un prestamista.
El hijo, que habló en nombre de sus padres, ambos enfermos, agradeció el «apoyo» de todos los presentes, ya que no fue hasta la tarde del martes cuando la familia acudió en busca de ayuda a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, ante la falta de tiempo para actuar, hizo un llamamiento urgente para paralizar el desahucio.
El joven respiró aliviado ante los medios «por haber podido ganar tiempo, para seguir moviéndonos y conseguir que esta situación se resuelva de una vez y de la mejor manera posible. Son varios años ya peleando», dijo. Héctor relató que fue en 2011 cuando sus padres recurrieron a un prestamista de Gijón, que les ofreció 36.000 euros para terminar de pagar la hipoteca de la vivienda –unos 20.000 euros– y afrontar unos gastos ya que acababan de reformar una parte de la casa para otro hijo con discapacidad, que ha fallecido hace tres meses.
El matrimonio fue citado en una notaría de Gijón en la que el prestamista y su socio les explicaron, según explica Raúl Noriega, de la Plataforma, que iban a realizar una «retroventa». La idea, al parecer, era ir recuperando la vivienda, que se había puesto como aval, a medida que fueran devolviendo el préstamo, pero nunca más pudieron volver a contactar con el prestamista.
En el año 2013, el matrimonio recibió la denuncia de una tercera persona que alega ser el comprador de la vivienda y la reclama. En medio de esta situación, la familia denunció ante el juzgado de lo penal los hechos –otros afectados del mismo prestamista también lo han demandado–, pero el comprador también reclama la vivienda y ayer se iba a hacer efectivo el lanzamiento por orden del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santoña.«Aunque a efectos del juzgado es una venta, el precio del préstamo y de la vivienda es irrisorio. Hay gato encerrado, pero cuando es complicado demostrarlo pasan estas cosas», lamentan.
El juzgado de paz de Bárcena paralizó poco antes de las once el desahucio y, ahora con la ayuda de la PAH, esta familia de Gama buscará soluciones para hacer frente a una situación que es sumamente delicada. «Mi padre lleva un año con quimioterapia y mi madre está en silla de ruedas y ha sido operada hace poco. Además, hace tres meses falleció mi hermano», relata Héctor. Un cúmulo de circunstancia, explicó el hijo, que «agravan la situación y hacen que cueste mucho más pelear. Pero aunque sea tarde hay que buscar una alternativa, hay que pelear».
«He tardado más de lo que debía. Quizá tenía que haber hecho las cosas de otra manera. He estado bajo mucha presión y confiado en la justicia, pensando que iba a resultar favorable. Pero te das cuenta de que no es así y de que te tienes que buscar la vida de otra manera». Agradeció una vez más el apoyo de toda la gente que acudió y señaló:«Si hay más víctimas que hayan sufrido esta clase de estafa les digo que den la cara, que no tenga miedo. Es algo que nos puede pasar a cualquiera y siempre hay una solución. El mayor aliado de estos estafadores es el silencio de la víctimas».
También estuvo junto a la familia el director del Gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Javier Ontañón, quien explicó que «la Oficina de Intermediación de Emergencia Habitacional trabajará en este caso y pondrá los medios posibles para encontrar una solución. Hemos quedado para vernos a partir de mañana para revisar toda la documentación y analizar el caso», señala Ontañón. «Y al margen de lo que ocurra, el Gobierno tiene un parque público de vivienda para estas situaciones en caso de que hiciera falta».
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