Multa de 228.000 euros por hacer una casa en Ajo distinta a la que figuraba en los planos

Lo más curioso de todo es que, según apuntan fuentes municipales, el culpable –por lo menos el culpable inicial– de esta infracción urbanística no es la actual propietaria, sino los anteriores dueños, que vendieron el inmueble cuando este todavía estaba a medio hacer, tan solo con la estructura. La mujer ahora sancionada –aunque la Consejería de Fomento no ha aportado información acogiéndose a la normativa de protección de datos, sí ha publicado su nombre en la página web del Gobierno de Cantabria– fue la que concluyó los trabajos de este inmueble ubicado en el barrio de Ojerada (en la zona de los acantilados de Ajo, no muy lejos del faro).

El expediente sancionador lo promueve la Demarcación de Costas, que detectó que la casa se había construido en una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Es decir, que la actuación se realizó en una ubicación distinta a la que aparecía en la licencia que concedió la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) hace dos décadas. Las coordenadas no eran lo único que no coincidía. En el proyecto inicial tampoco figuraba el sótano con el que sí cuenta esta vivienda unifamiliar, que también tiene una cubierta distinta a la prometida.

La actual Ley del Suelo de Cantabria establece sanciones de entre 30.001 y 300.000 euros para las infracciones de carácter muy grave, por lo que se encuentra en el rango más alto de multas posibles. Es, concretamente, de 228.016,57 euros. Eso sí, desde el Consistorio apuntan que no les consta que ni Costas ni el Gobierno de Cantabria tengan intención de llevar el asunto a los tribunales para solicitar su derribo.

Al mismo tiempo que la Consejería de Fomento daba traslado de esta sanción, también este mismo departamento formalizaba la pasada semana la adjudicación de la obra de demolición de otra vivienda –esta sí con sentencia firme de derribo– en esta misma localidad de Ajo. En este caso, en la urbanización La Sorrozuela y por encontrarse de igual forma en terrenos de servidumbre de protección del dominio publico marítimo-terrestre.

Con un presupuesto de 40.825 euros, el Ejecutivo ha encargado los trabajos, que se desarrollarán a lo largo de un mes, a la empresa Rucecán. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, confirmada un año después por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, determinó que la administración tenía la obligación de realizar la demolición de forma subsidiaria.

El fallo llegó cuando esta vivienda unifamiliar de tres niveles (planta baja y dos semisótanos) aún no estaba acabada. La construcción se interrumpió cuando ya se habían realizado movimientos de tierra, la cimentación y la estructura, así como parte del cerramiento de la fachada y la distribución de los interiores.

De manera adicional al derribo de la edificación, el proyecto también contempla el acondicionamiento de la finca para devolver el terreno «a su estado natural, siempre que se pueda garantizar su estabilidad». El arquitecto que diseñó el plan de derribo estableció que, «dada la imposibilidad de reponer las rocas» que existían antes de echar el cemento, se rellenará con un talud con un acabado en tierra vegetal.