Noja reclama controles de la Guardia Civil como los de Castro para acabar con el botellón

El Ayuntamiento de Noja ha reclamado a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, el apoyo de más agentes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado para mejorar la seguridad en la villa y acabar con el botellón ahora que empieza el verano y el municipio se ve «desbordado» por el incremento de población y por visitantes que se acercan para disfrutar del ocio nocturno. El regionalista Miguel Ángel Ruiz ha sido muy directo a la hora de hacer su petición: espera que el Estado «no actúe solo en aquellas localidades de su color político», en referencia al apoyo que la Guardia Civil ha empezado a prestar a Castro Urdiales, donde gobierna una alcaldesa socialista.

La Delegación del Gobierno se ha visto obligada a reforzar la seguridad en Castro (con un dispositivo de 91 guardias civiles) para evitar conflictos entre jóvenes. Estas últimas semanas, debido a la gran afluencia de gente a esta localidad cercana al País Vasco -donde las restricciones de los horarios de hostelería eran mucho mayores- se saldó con varias reyertas con heridos y actos vandálicos, lo que ha provocado numerosas protestas de los vecinos.

El alcalde de Noja ha recordado que la práctica del botellón está prohibida y conlleva una sanción de hasta 3.000 euros. «No se podía beber en la calle antes de la pandemia, pero ahora, con el riesgo sanitario, esta prohibición adquiere especial importancia», ha subrayado, al tiempo que ha recordado que la vacunación todavía no ha llegado a los grupos de edad que habitualmente se reúnen para hacer botellón, por lo que «el virus sigue siendo una amenaza para ellos y para sus familiares».

El Consistorio ha recordado que, desde 2018, Noja cuenta con una ordenanza municipal para luchar contra el botellón, que ha sido siempre una «importante demanda vecinal». Ruiz ha incidido en que el problema no atañe solo a los municipios -que, en general, carecen de recursos humanos para acabar con esta práctica- y ha valorado las iniciativas impulsadas en el Senado por el representante cántabro del PRC, José Miguel Fernández Viadero, y la reciente aprobación en Comisión Mixta de Congreso y Senado de una proposición no de ley para combatir esta costumbre.

A esto se suman, además, las peticiones que ha realizado el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, a la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones (PSOE), para que Cantabria cuente con más efectivos de la Guardia Civil.