Okupas de casas con sentencia de derribo

La situación, dice el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, es totalmente paradójica. «Los jueces que dicen que hay que derribar esas casas, son los que, ahora, también dicen que esos okupas tienen derechos y no se pueden tirar con ellos dentro». Es una injusticia sobre otra injusticia. Que se agrava con los problemas de convivencia e inseguridad que han generado estos moradores en toda la zona.

A la «angustia» que sufren muchos de los residentes en Camino del Portillo – con la espada de Damocles encima – se suman episodios de reyertas, peleas, insultos, suciedad, enganches ilegales a la luz... «Al principio fue horrible, hubo hasta navajazos y esto era un sinvivir. Ahora, está la cosa más tranquila y podemos decir que no nos dan guerra», cuenta Vitori Frontela. Su vivienda está también en Las Llamas II. En su caso, está pendiente de si se puede legalizar con el nuevo Plan General de Argoños.

Aunque desde hace un tiempo ya no hay altercados importantes, tampoco se respira tranquilidad. «El otro día robaron en la casa de una vecina, y tengo entendido que también ha habido robos en muchas más y creemos que son ellos». En el barrio sobrevuela el miedo a que cuando dejan sus casas vacías sean okupadas. Y es que, gran parte son segundas residencias. Vitori comenta que no siempre ve a los mismos okupas. Pasan temporadas. Salen unos y dan 'el relevo' a otros. Son, al parecer, mafias, que se apoderan de los chalés y los alquilan a terceros.

La mujer recuerda que no habían pasado «ni seis horas» de la marcha de uno de los propietarios «cuando entraron a okupar la casa» y, enseguida, vinieron «familias, amigos o yo que sé...» y entraron ilegalmente al resto. «Fue una pasada». En algunos inmuebles hasta retiraron el tapiado para colarse.

Desde entonces, la estampa de este apacible barrio se ha vuelto gris e inhóspita. A los pies de varios de los chalés okupados se acumula la basura – tal y como se ve en la imagen que acompaña esta página –, hay mobiliario apilado en las terrazas, muros ennegrecidos y el entorno desprende un nauseabundo olor que, apunta Vitori, «es por un problema que tienen con las aguas fecales de los baños. Deben de tener todo atascado».

Tanto ella como otros vecinos han llamado reiteradamente a Gesvicán, empresa pública del Gobierno de Cantabria, actual dueño de la casas, pero «no nos hacen ni puñetero caso», recrimina. Hace unos dos meses, relata la mujer, «estuvieron por aquí y les comenté este tremendo problema y estamos igual». La mujer plantea que «derriben alguna parte de la casa, el tejado o algo, para que no puedan estar allí». Como afectada siente que «no hay derecho» a que los dueños, una vez cobraron la compensación por sus casas, les «exigieron marcharse en una fecha rigurosa» y, ahora, están habitadas ilegalmente por unos okupas a los que no se les puede echar.

Estas ocho casas de la urbanización Las Llamas II, una vez que los dueños recibieron la indemnización, pasaron a ser propiedad del Ejecutivo regional, que debe demolerlas para cumplir la sentencia del juez. Desde la Consejería de Fomento, explican a preguntas de este periódico, que, a pesar de haber recurrido a la vía judicial, «somos incapaces de echar a los okupas». «El proceso es muy complejo y difícil».

En este tiempo, el Gobierno ha interpuesto varias denuncias, pero, cuando llega el juicio, «las personas demandadas ya no están en la casa; han entrado otras nuevas». Y es otra vez vuelta a empezar denunciando a los nuevos okupas. «Parecer ser que son una mafia organizada que trasmiten constantemente las viviendas a cambio de dinero».

El Ejecutivo lamenta que no dispone de una «fórmula legal» para expulsarles con un «mecanismo rápido». Para evitar que esta situación se repitiera con los cinco chalés de Cerrias cuyos dueños llegaron a un acuerdo de compraventa con el Gobierno, Gesvicán blindó con ladrillos las puertas y ventanas y ejecutó la demolición lo más rápido una vez concluyeron los trámites.

La Consejería está en constante comunicación con el Ayuntamiento de Argoños ante cualquier movimiento que se pueda producir en los chalés. Hace unos meses, el Consistorio informó de que una okupa había desalojado una casa y «cuando lo íbamos a tapiar, nos encontramos con varios perros abandonados dentro». En el proceso de contactar con una protectora y confirmar que los podía recoger –unas 24 horas– los okupas ya se habían colado.

El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, asegura que se siente atado de pies y manos para poder actuar. «No tenemos potestad para echarles, ni para cortarles la luz, ni el agua...y la ley dice que hay empadronarles». A cualquier otro vecino se le exige para este trámite presentar un contrato de alquiler o recibo, pero esto con los okupas «no vale de nada; la ley les ampara». El Ayuntamiento también compró en esa zona otras dos viviendas de propietarios afectados y están también okupadas. La paradoja es tal que Barruetabeña recibe de la Sala del Tribunal autos instándole a que cumpla con las sentencias de derribo. La respuesta, una y otra vez es la misma: «Hay okupas y no puedo hacer nada».