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PP preguntará en el Parlamento de Cantabria por los motivos que han llevado al Gobierno regional a rechazar la petición del Ayuntamiento de Santoña para impartir titulaciones de formación profesional de actividades náutico pesqueras en el municipio optando por implantarlas en Laredo. El diputado ... popular Íñigo Fernández registró el pasado 19 de noviembre una batería de preguntas dirigidas a la titular de la Consejería de Educación, Marina Lombó, para que explique públicamente en virtud de qué informes se ha tomado esta decisión y quién la ha adoptado.
Fernández expone que el Pleno de Santoña acordó, por unanimidad el 27 de febrero de 2020 y con el apoyo de la Cofradía de Pescadores Virgen del Puerto, solicitar al Gobierno de Cantabria que promoviera las gestiones necesarias para impartir dichos estudios en alguno de los centros educativos de la villa, teniendo en cuenta que «Santoña es el principal puerto pesquero de la región y uno de los cuatro principales del Cantábrico, que dispone de la mayor flota de Cantabria y que en esta localidad operó, desde 1928, la primera Escuela de Pesca existente en España».
Educación hizo caso omiso a esta demanda para tiempo después anunciar la construcción de un edificio nuevo en Laredo para albergar el Centro Integral de Formación Marítimo Pesquero. «El Gobierno está dispuesto a gastarse cuatro millones de euros en el proyecto cuando en Santoña se puede realizar sin inversión económica en las instalaciones de la Cofradía de Pescadores, que tiene en su planta superior un espacio de 2.000 metros cuadrados libres para acogerlo», crítica Fernández, que tilda esta decisión de «auténtico escándalo».
El PP tiene claro que «alguien» tendrá que explicar por qué se le hace esto a Santoña que, además de tener el principal puerto de Cantabria y el de mayor actividad, fue quien solicitó inicialmente esta oferta educativa, a través de una propuesta del instituto Marqués de Manzanedo, en noviembre de 2019.
En la sesión parlamentaria prevista para el lunes 13 de diciembre, se abordarán las preguntas registradas por el Grupo Popular que quiere conocer los motivos por los que el Gobierno ha rechazado la petición del Ayuntamiento de Santoña y en base a qué criterios. Además, Fernández cuestionará por qué no figura en el expediente remitido al Parlamento de Cantabria ningún informe técnico por parte de la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa, o cualquier otra instancia competente, en relación a la petición del Consistorio santoñés.
A este respecto, también quiere saber si el Ejecutivo disponía de algún informe técnico sobre necesidades y demandas educativas que justificara ignorar la solicitud de Santoña y si es habitual que Educación adopte las decisiones acerca de la oferta formativa de la región sin disponer de estudios de demanda y necesidades que avalen las mismas. Además, pide que se indique quién ha sido la persona que ha tomado la decisión, si la misma se ha basado en criterios políticos al no sustentarse en ningún informe técnico, y si el Gobierno de Cantabria es consciente del malestar y el agravio que ha generado en Santoña.
El diputado popular señaló que su implicación en este asunto se remonta al pasado mes de septiembre. «Los concejales del PP y Santoñeses me trasladan que quieren ver el expediente de la Consejería de Educación sobre este tema y que no les han dejado», teniendo ya entonces la sospecha de que el mismo no existía.
Ante esto, Fernández registra el 5 de octubre un escrito solicitando al Parlamento el expediente administrativo completo relativo a la construcción de un Centro de Formación Profesional en Laredo para enseñanzas pesqueras. La respuesta no llega hasta el 8 de noviembre, remitiéndole un documento que sólo hace referencia a la contratación de la redacción del proyecto básico para la construcción del edificio. Nada más. «No figura ningún informe que justifique por qué se rechaza a Santoña. Al menos, no nos lo han remitido. Es una decisión arbitraria, que tendrán que explicar la consejera de Educación y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla». Por ello, registró las ocho preguntas el 19 de noviembre.
Fernández trasladó la documentación remitida al Parlamento a los ediles del PP y Santoñeses que, de inmediato, solicitaron la Junta de Portavoces, que se celebró este martes, acordando varias acciones para luchar por estos estudios.
Asimismo, este pasado jueves el PP ha solicitado también la comparecencia del director general de Formación Profesional del Gobierno de Cantabria, Ricardo Lombera, para que explique en comisión su participación en esta decisión y los motivos que la sustentan. Fernández subraya que «en ningún caso digo que no se le dé a Laredo esta formación, lo que digo es que no les puede quitar a Santoña que es el puerto con más actividad. Revilla no puede hacerle esto a Santoña, que no pide un centro de formación para ganaderos, mineros o monitores de esquí. Está pidiendo un centro de formación de pescadores en el principal puerto de Cantabria y el Gobierno lo rechaza sin explicar la razón».
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Laredo salió ayer en defensa de la decisión de la Consejería de Educación de ubicar el Centro Integrado de Formación Marítimo Pesquero en la villa, por considerar que es el «mejor emplazamiento».
En un comunicado reivindican que el municipio pejino goza de mejores comunicaciones y accesibilidad y que tiene mayor seguridad, ya que la existencia en Laredo de un hospital público supone «un extra» en la seguridad del alumnado. Además, explican que el centro tiene una «especificidad concreta» de espacios, lo que unido a las de las instalaciones propias de un centro educativo «solo era posible cumplir, una vez valoradas diferentes ofertas, en Laredo». A ello suman la localización geografía del municipio «en el centro de la comarca oriental», y la existencia de un puerto pesquero-náutico deportivo con «mayor número de atraques».
La Junta de Portavoces sostiene que estos motivos son «suficientes, justos, objetivos, ecuánimes y, además, demostrables». En Laredo dicen sentirse «agraviados» y aseguran que «no van a tolerar la deslealtad institucional del Ayuntamiento de Santoña, intentando boicotear un proyecto bueno para Cantabria, financiado con fondos europeos, que bajo ninguna circunstancia se debiera de poner en peligro, corriendo el riesgo de que los ciudadanos de todas las villas marineras de la región tengan que seguir trasladándose a otras comunidades para su formación y titulación».
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