Los propietarios de Arnuero tienen un mes para optar por otra vivienda o una indemnización

Cinco lustros han pasado desde que los tribunales ordenaran la demolición de la urbanización El Encinar, situada en la playa de La Arena por considerarla ilegal. El complejo, formado por 102 viviendas, sigue en pie, porque las administraciones implicadas (Gobierno y Ayuntamiento de Arnuero), con el visto bueno de los jueces, se comprometieron a no tirar nada hasta construir unas nuevas viviendas de sustitución en la zona de Bocarrero

Ahora, los propietarios de 78 viviendas -una parte de los 102 chalés son propiedad de la inmobiliaria porque estaban sin vender y ellos prefirieron el cobro en metálico- tienen un plazo de un mes para elegir entre recibir la indemnización que propone la Consejería de Obras Públicas en las comunicaciones que recibirán a partir de hoy, o bien una de las 66 viviendas de sustitución incluidas en un proyecto que ha coordinado la empresa pública Gesvicán y al que se destinará el grueso de los 6,3 millones de euros que el departamento dirigido por José Luis Gochicoa (PRC) ha consignado para el Plan de Derribos en el Presupuesto de 2021.

Las nuevas viviendas, que se construirán por fases, tendrán unas características similares a las originales. Se repartirán en ocho bloques con un máximo de 14 casas y un mínimo de 10 en cada uno. Tendrán piscina y pista de tenis. «El problema puede venir por el tema de las orientaciones, de ahí que haya que hacer un sorteo. Pero todos salen beneficiados en cuanto a la superficie de las viviendas, que es mayor que las que hay que derribar».

Pero antes de llegar a este punto, el Ejecutivo cántabro tiene que saber el número de afectados que optan a una vivienda de sustitución, para conocer cuántas habría que construir. Aun así, y en previsión de que algunos afectados optaran por recibir la indemnización, el Gobierno ejecutará alguna vivienda de más (además de las 66 se podrían levantar ocho más), que se ofrecerían a los afectados por los derribos de Escalante.

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, considera que «estamos ante un paso fundamental para ir resolviendo el tema de las sentencias de derribo, que además da cumplimiento a lo establecido en el convenio firmado con los afectados». Asimismo, apunta que, una vez finalice el plazo de un mes que se le ha dado a los afectados para que decidan entre la indemnización en metálico o en especie, «terminaremos de redactar los pliegos para intentar licitar las obras en el menor plazo de tiempo posible».

A la espera de que los propietarios tomen una decisión, Gochicoa señala que, dependiendo del número de viviendas de sustitución que se demanden, «haremos también el esfuerzo con el Ayuntamiento de Escalante», y estima que este año estén licitadas las obras y que pueda estar alguno de los bloques comenzándose o en ejecución. «En cualquier caso tenemos que esperar un tiempo a que se pronuncien los afectados de Arnuero, y después los de Escalante. Y, a partir de ahí, ajustar el proyecto. Espero que en unos tres meses el procedimiento esté resuelto para poder licitar la obras», aseveró el consejero.

Respecto a los afectados de Cerrias I, el titular de Obras Públicas quiso dejar claro que no se les ha podido dar la opción de una vivienda de sustitución «porque no es posible ofrecer un tipo de construcciones similares a las que se tienen que derribar, ni en el propio municipio de Piélagos ni en los limítrofes». «Ante esta circunstancia nosotros tenemos que asegurarnos, por lo menos, de que puedan cobrar la indemnización correspondiente, y para ello estamos contando en todo momento con los vecinos para elegir quién va a tasar sus viviendas y que no haya ninguna duda acerca de la imparcialidad de la empresa», concluyó.