Puerto Gallego: «A veces pueden cometerse irregularidades pero hay que tirar adelante»

«Las facturas se aprobaban porque se habían prestado los servicios y había consignación presupuestaria», aseveró Gallego, al tiempo que insistió, en varias ocasiones, que «estábamos entre la espada y la pared». «Por una parte nos dicen que hay que dar el servicio y, por otra, hay un reparo y nos indican que tiene que hacerse un expediente de contratación. Lo hicimos cuando se podía», afirmó. La exdiputada socialista, que presentó su dimisión cuando el Supremo dio luz verde a un procedimiento que se está juzgando casi veinte años después de que tuvieran lugar los primeros hechos denunciados, señaló que cuando ella accedió a la Alcaldía en 2003 «ya había empresas que estaban trabajando con el Ayuntamiento». «La situación se prolongó porque había falta de medios y personal». Además, señaló que cuando había reparos de Intervención, en las Juntas de Gobierno «indicaba que se iniciara el correspondiente expediente de contratación». «El secretario consideraba que el servicio había que pagarlo, por eso aprobábamos esas facturas». En el caso de no existir consignación presupuestaria, algunas facturas iban a Pleno para su «aprobación extrapresupuestaria», explicó.

Tras la declaración de Gallego tuvieron lugar las de los otros ocho acusados. Todos ellos coincidieron en que «aprobábamos las facturas porque los servicios se habían realizado, según nos indicaban los técnicos municipales». «Nosotros realizábamos las memorias de los expedientes y era el secretario el que daba su visto bueno», afirmó uno de los exediles, a lo que otro añadió que «la Intervención nunca nos advirtió de ninguna ilegalidad». «No conocía a las empresas contratadas», coincidieron los nueve acusados. «Si se hubiese excluido del pago alguna factura hubiese supuesto un enriquecimiento injusto», justificaron.

Finalizadas las comparencias de los acusados fue el turno de peritos y testigos. A una interventora, que declaró en calidad de perito, le llamó la atención «que se presentaran informes con reparos y advertencias de ilegalidad y todas las facturas fueran aprobadas por unanimidad». Según señaló, algunos pagos se aprobaron pese a no haber consignación presupuestaria, lo que «es nulo de pleno derecho» e hizo mención a fraccionamiento de contratos «no permitido».

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Frente a esto, una exinterventora municipal aseveró que «ninguno de los reparos tenían que ver con la falta de consignación sino con la falta de procedimiento», mientras que su antecesor en el cargo declaró que «las facturas no se pagaban si no había consignación». Por su parte, el secretario municipal manifestó que «hoy en día se siguen pagando facturas sin previa contratación cuando se acredita que el servicio se ha prestado y hay consignación presupuestaria».

El juicio continúa este martes con más testificales, los informes finales y la última palabra de los acusados.