Ratifican la condena por prevaricación a la exalcaldesa de Santoña y sus ediles

La exregidora y su equipo -formado por los concejales José Ramón Badiola, Diana Gil, Joaquín Bonet, Pedro María López, Gloria Valmaseda, Carmen Leiva, María Antonia Alonso y Jesús María Valle- fueron acusados y, posteriormente condenados, por un delito de prevaricación administrativa en base a las decisiones adoptadas, en el seno de la Junta de Gobierno local, con respecto a la aprobación de facturas «por unanimidad» y con reparos «continuos» de los diferentes técnicos municipales. Las irregularidades que se les imputaban eran, por ejemplo, prescindir del procedimiento para concluir una contratación administrativa o carecer de consignación presupuestaria para hacerlo, así como recurrir al fraccionamiento de contratos a empresas recurrentes que superaban al cabo del año el límite de una contratación menor.

Tras dos décadas de pleitos, la exregidora y exdiputada socialista acudía el pasado mes de febrero de nuevo al juzgado para recurrir la sentencia que la inhabilitó para cargo público en 2021. Lo hacía acompañada de varios de sus concejales de entonces y apoyada en la presentación de nuevas pruebas y testimonios para ser exculpada. Entre ellas, se contó con la declaración del también exalcalde socialista de Santoña, Sergio Abascal, que testificó en favor de sus compañeros, respaldando la gestión de su antecesora en el cargo.

También ratificó que las contrataciones y fraccionamientos de pagos a empresas recurrentes objeto del procedimiento judicial venían «de muchos años atrás», es decir, que era una situación que ya se reproducía en corporaciones anteriores a la de Gallego y que algunas de las empresas prestaban desde siempre el servicio (agua, alumbrado, limpieza...) y que la situación se regularizó durante el mandato de los acusados. Una prueba aportada por la defensa de Gallego y sus compañeros que no ha sido aceptada por la Audiencia Provincial.

La sala asegura ahora en la nueva sentencia -publicada el pasado viernes- que independientemente que se hubiese arreglado el procedimiento con la situación de esas empresas, «consta plenamente acreditado el comportamiento ilegal y arbitrario llevado a cabo para eludir los controles de legalidad inherentes al actuar administrativo durante el periodo enjuiciado». Asimismo, considera el tribunal que es «lógico» que el Ayuntamiento procediese después a «regularizar» la contratación y seguir el procedimiento administrativo «pero ello no implica que la actuación anteriormente seguida no sea típica, antijurídica y punible». Los ediles y la exalcaldesa pueden recurrir esta sentencia.