Santoña ejercerá acciones judiciales frente al Gobierno regional por el centro náutico

Con esta resolución, la Corporación municipal ratificó y dio legitimidad a la decisión que se tomó de manera previa en la Junta de Portavoces, celebrada el pasado mes de marzo, en la que PSOE, PRC, PP y Santoñeses estuvieron conformes en contratar una asistencia letrada externa para que estudie la documentación relacionada con este proyecto y que «proceda a ejercer las acciones judiciales que en derecho nos asistan».

A este respecto, el alcalde, Sergio Abascal, anunció que ya se ha procedido a contratar para este asunto al despacho Estudio Jurídico, con sede en Santander y en Bilbao, que, además, «conoce a fondo ese tema», ya que también ha defendido los intereses en vía administrativa de la plataforma vecinal de Laredo, que se ha posicionado en contra de la ubicación elegida para levantar la infraestructura educativa en la parcela de la antigua nevera de la villa pejina.

El regidor explicó que ya se la ha hecho llegar al letrado todos los documentos existentes y este «ha emitido un informe jurídico sobre las actuaciones y pasos a seguir, que ha sido trasladado a todos los portavoces de los grupos políticos. Actualmente, apuntó, «está trabajando y estudiando cuáles son las acciones judiciales a ejercer».

El regidor, en la exposición de la resolución, recordó que el Ayuntamiento de Santoña presentó una serie de alegaciones a la publicación en el BOC por parte de la Dirección General de Puertos del proyecto básico para el Centro de Formación Profesional Marítimo-Pesquero, que supondrá una inversión de cuatro millones de euros. Además, con posterioridad a dichas alegaciones, dijo, «se han producido otros hechos que ponen en tela de juicio la legalidad del procedimiento tramitado por el Gobierno de Cantabria».

En las alegaciones, que han sido desestimadas en su totalidad, se incide en «la tradición y vinculación histórica entre Santoña y la formación náutico-pesquera», no en vano la primera escuela de Pesca de España se creó en Santoña en 1920, y se alude al relato cronológico de los hechos acontecidos desde que a finales de 2019, la dirección del instituto Marqués de Manzanedo trasladara a la Consejería de Educación su solicitud para impartir grados de formación profesional de la rama náutico- pesquera. Una idea inicialmente bien acogida pero que, casualmente, al cabo de unas semanas, la Consejería rechazó anunciando que se iba a crear un centro con estos estudios en Laredo.

El Consistorio santoñés hace especial hincapié «en la inexistencia de expediente alguno de implantación y construcción de este centro en el municipio de Laredo, habiéndose tramitado directamente la adjudicación del proyecto de construcción». En este sentido, se considera que la Consejería de Educación puede haber incurrido en un «posible vicio de arbitrariedad» en la decisión de implantarlo en Laredo, «carente de fundamentación, motivación y justificación mínima y necesaria, sin que sea aceptable que el Ayuntamiento de Laredo pretenda en sus acuerdos a posteriori subsanar la ausencia de motivación previa por parte de la Consejería». A ello suma el posible incumplimiento del «principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad y el posible incumplimiento de normativa sectorial», ya que la parcela donde se va a levantar en Laredo, «aunque se encuentra en el espacio portuario, está sometida a la aplicación de la Ley de Costas y su reglamento, por lo que precisa la autorización previa de la Dirección General de Costas», que no se ha pronunciado en este proceso.

Tanto el regidor como el resto de partidos denuncian también la falta de acceso a la información y de transparencia en la tramitación del proyecto. El Ayuntamiento de Santoña solicitó una copia del proyecto básico del centro y «se nos remitió tres días después del vencimiento de plazo de las alegaciones». Otro de los aspectos que más dudas legales genera es «la aprobación por el Consejo de Gobierno de Cantabria del encargo a Tragsa de la elaboración y ejecución del centro sin que se hubiesen resuelto las diversas alegaciones presentadas en el expediente, hecho que se produjo meses después» y cuestionan que en el expediente falta el «preceptivo y obligado informe de la Demarcación de Costas en Cantabria».