Santoña estudia emprender acciones judiciales por la tramitación del centro náutico

El rechazo de la Dirección General de Puertos a las alegaciones planteadas por el Consistorio santoñés al proyecto básico de este centro, lejos de apagar la polémica la ha avivado aún más. La Corporación municipal no piensa quedarse de brazos cruzados ante una serie de hechos que califican de «muy graves». La Junta de Portavoces se reunió el pasado lunes para analizar y valorar los últimos acontecimientos y convenir los siguientes pasos a adoptar.

En el encuentro, los representantes de PSOE, PRC, PP y Santoñeses acordaron contratar la asistencia de un servicio jurídico externo para que emita un informe de viabilidad respecto a la posibilidad de interponer acciones judiciales por este asunto. «El secretario municipal nos ha indicado que la reclamación es viable y nos ha recomendado buscar un letrado ajeno al Ayuntamiento para que estudie toda la documentación existente y si procede, ejercer las acciones judiciales que en derecho nos asistan». Será el profesional el que valore si la reclamación judicial debe dirigirse «frente a una resolución concreta - la del Consejo de Gobierno que acordó adjudicar a Tragsa la redacción del proyecto y su construcción por 4 millones de euros-, o frente al conjunto de actuaciones de este procedimiento que podría estar viciado de origen».

El regidor denuncia la falta de información y de acceso al expediente por parte del Ayuntamiento de Santoña. «Puertos abrió un plazo de alegaciones y solicitamos una copia en formato digital del proyecto, que se nos remitió tres días después de vencer el plazo para formalizarlas». A ello, suma que dichas alegaciones se han resuelto recientemente y «no se nos ha notificado. Nos hemos enterado por el Boletín Oficial de Cantabria». Una de los aspectos que más dudas genera al Ayuntamiento respecto a una «correcta tramitación» es que, a pesar de no estar resueltas las alegaciones, «se siguió tramitando el expediente y el Consejo de Gobierno acordó el 23 de diciembre adjudicar a Tragsa la obra, sin que estuviesen los informes perceptivos de Puertos ni tampoco de Costas. Este último organismo parece que se ha inhibido en este asunto, cuando entendemos que es un dictamen perceptivo porque previamente había requerido información».

Abascal recuerda que, hasta ahora, no han podido impugnar ningún tipo de acuerdo respecto al centro porque «la única exposición publica ha sido la del proyecto básico por parte de Puertos. Desde la Consejería de Educación no hay ningún documento oficial que pudiera ser impugnable». Y es que, incide, en «la falta de un expediente al respecto. Todo se ha tramitado de forma muy opaca». El alcalde esgrime que es «falso» que Educación explorara otras parcelas para ubicar el centro en otros municipios. «La decisión estaba tomada desde el principio directamente y no hay ningún documento que fundamente porqué implantarlo en Laredo y en base a qué necesidades. Se anunció públicamente que el centro iba a Laredo, pero hasta bien entrado 2021 no se emite el primer documento y ya era para encargar el estudio básico para construirlo allí».

Paralelamente a la acción judicial, el regidor va a remitir escritos al Consejo de Gobierno y a la Consejería de Educación trasladando nuevamente el malestar y solicitará comparecer en la comisión parlamentaria de Educación.