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El profesorado del Patronato Militar de Santoña reclama incorporarse a sus puestos de trabajo como personal laboral tras ser reconocidos por la Inspección de Trabajo ... como falsos autónomos. El Ministerio de Defensa lejos de acatar el requerimiento, ha impedido que los 11 docentes accedan este curso – comenzó el pasado 21 de octubre – a desempeñar su función, por lo que están en la calle y no perciben ingresos desde el pasado mes de julio. Una situación que sufren, en idénticos términos, los profesores de la residencia militar de Ronda (Málaga), que se encarga, junto a la de Santoña, de formar a los soldados para los exámenes de acceso a la academia de suboficiales del Ejército de Tierra.
Aunque este conflicto laboral surgió en 2021, no ha sido hasta ahora que ha salido a la luz pública. En el pasado pleno, el alcalde de Santoña, Jesús Gullart, presentó una moción de urgencia para «mostrar el apoyo del Ayuntamiento a las reivindicaciones de los trabajadores afectados, para instar al Gobierno de España a que reconozca como personal laboral al profesorado de este centro y para instar el Ministerio de Defensa a garantizar la continuidad de los cursos en el Patronato por su tradición y trascendencia en el municipio». Un acuerdo que se remitirá a todos los partidos del Congreso y del Senado. El Ayuntamiento de Ronda también aprobó la semana pasada un texto similar.
La moción contó con el respaldo de Santoñeses, PP y Vox que consideran «justas» las reivindicaciones de los trabajadores y reprochan la «doble vara de medir de la Administración, que se salta a la torera las normas y leyes que aplica al resto de los mortales». El concejal del PRC estaba ausente en este punto de la sesión, mientras que el PSOE se abstuvo al carecer en ese momento de información sobre el asunto. No obstante, en el turno de ruegos y preguntas, tras recibir documentación al respecto, dejó constancia de que su grupo está del lado de los docentes.
En la moción se relata que el profesorado del Patronato era contratado por la Asociación Cultural Virgen del Puerto cada año como fijos discontinuos: los nueve meses del curso e iban al paro otros tres. A partir de octubre de 2021, la asociación desaparece y el Ministerio les obliga a darse de alta como autónomos. En el curso 2022-2023, les comunican que no están bien contratados y les reduce la cantidad máxima a facturar, con lo que solo podrían trabajar 6 meses (el curso completo es de 9 meses).
Es en este punto cuando el profesorado de ambos patronatos se planta e interponen una denuncia en Inspección de Trabajo, que se resuelve a su favor. En abril de 2024, se comunica al Ministerio que «queda demostrada la relación laboral con Defensa» y, por tanto, son considerados falsos autónomos. Se da de plazo hasta el 30 de junio para regularizar la situación, debiéndoles incluir como personal laboral no fijo, y en caso de no hacerlo, se actuaría de oficio. Defensa no actúa y cuando los profesores acuden el pasado julio a sus puestos, se les informa que no figuran en la relación de puestos de trabajo del centro.
Ante esto, interponen una demanda judicial por despido frente al Ministerio para que declare la nulidad. El juicio será el 17 de enero para los profesores de Santoña. El pasado agosto los afectados fueron dados de alta en la Seguridad Social de oficio con carácter retroactivo al 1 de octubre de 2021. Volvieron presentarse en el Patronato, que les dijo que seguía sin haber empleo para ellos. En este periodo, señalan los docentes, Defensa saca una licitación para que academias opten a sus plazas de profesores. Impugnan dicha licitación y queda suspendida cautelarmente. El último paso de la Inspección ha sido reclamar al Ministerio las cuotas a la Seguridad Social desde 2021, junto a las correspondientes sanciones.
Los docentes cuentan que el curso empezó con retraso el 21 de octubre por «falta de profesorado» y «parece que han venido militares en comisión de servicio por dos meses como tutores y refuerzo para sustituirnos con el consiguiente gasto público».
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Ana del Castillo
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