Santoña pide la paralización de las obras del centro náutico de Laredo al ser «ilegales»

El Pleno volvió a mover ficha en este asunto tras conocer el informe desfavorable emitido por Costas en junio hecho público este mes, en el que concluye que «la formación náutico-pesquera de carácter teórico constituye un uso que no cumple con lo establecido en la ley de Costas y que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Es decir, que se opone a que la actividad teórica del centro se imparta en la parcela elegida en el puerto pejino y, por tanto, no da luz verde al emplazamiento.

El informe, defienden en la moción, «avala plenamente las alegaciones esgrimidas por el Ayuntamiento de Santoña respecto a la arbitrariedad e irregularidades producidas en la tramitación y gestión de la implantación de este centro». Es por ello, que la Corporación de Santoña solicita a Costas que ordene al Gobierno de Cantabria la suspensión de las obras –el proyecto cuesta 4 millones de euros financiados con fondos europeos–, y le pida que se «abstenga de realizar cualquier trámite para destinar el inmueble a usos docentes, ordenando el cese de cualquier actividad educativa en el mismo». Al menos, hasta que se resuelven los procesos judiciales.

De atenderse esta solicitud, se irían al traste los planes de Educación de arrancar la formación en este centro en 2024. Una intención que parece mantener el Ejecutivo a pesar del informe negativo de Costas, ya que alega que se ha emitido fuera de plazo, es «extemporáneo», y sostiene que el centro «es legal y va a terminarse». Desde Santoña aguardan a que se resuelva el recurso Contencioso-Administrativo que ha interpuesto el Ayuntamiento contra el Gobierno de Cantabria al considerar «ilegal» la aprobación de este proyecto. Se alega que carece de un expediente en el que se estudiaran diferentes alternativas para seleccionar la ubicación del centro, así como que la parcela elegida no cumple con el Plan de Puertos ni con los usos autorizados por la ley de Costas.

El portavoz de Santoñeses, Eloy Oliveri, manifestó que el informe desfavorable de Costas es «demoledor» y considera «muy triste» que la Administración regional se tenga que «agarrar» a la extemporaneidad del mismo para justificar una actuación en la que se han saltado «multitud de trámites». Todos los portavoces –a la sesión faltó el PRC– recordaron que la idea de impartir estudios náuticos surgió en Santoña y cuando se trasladó al Gobierno, el entonces director de Formación Profesional y concejal de Laredo, Ricardo Lombera (PRC), se apropió de ella y la llevó a su pueblo «sin ninguna justificación».

Desde Vox, Salva Sarabia, aseguró que es una «gran cacicada» del anterior Gobierno y «ahora hay una huida hacia adelante con el nuevo Ejecutivo». Para el popular Ricardo Fernández, «esto ha sido un atropello y una chapuza en el fondo y en la forma por un interés personal; y ahora, además, tiene una carencia absoluta de legitimidad legal». El socialista Sergio Abascal, encargado de redactar la moción, criticó que el expediente es «un cúmulo de despropósitos rodeados de oscurantismo en la gestión de permisos, autorizaciones, trámites, exposiciones públicas...». Aludió a la adjudicación directa de la obra a Tragsa, «cuando no tiene competencias para construir equipamientos educativos» y remarcó que se hizo «sin haberse resuelto las alegaciones». Sobre que el informe de Costas «llega tarde», asegura que había un plazo de seis meses para emitirlo y «el Gobierno no esperó y empezó mucho tiempo antes la obra», y reprochó al PP regional que «minimice y relativice el contenido» de dicho informe.