El Sindicato Médico denuncia ante Trabajo la «grave inseguridad» de dos consultorios

El sindicato recuerda al Servicio Cántabro de Salud que, como cualquier otra empresa, está obligada conforme a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, a implementar las medidas precisas para garantizar la seguridad de los médicos. Sin embargo, a pesar de las advertencias, numerosos escritos y llamadas telefónicas exponiendo a la Gerencia las «amenazas de muerte» y los «episodios violentos» protagonizados por la paciente, «no está asumiendo ninguna responsabilidad». El secretario general del Sindicato Médico, Óscar Pascual, advierte que Sanidad está incurriendo en una «irresponsabilidad flagrante», excusándose en que «no hay dinero», cuando la seguridad es algo «prioritario y obligado».

En la denuncia ante la Inspección, se insta a que con la mayor premura posible se dé la mejor solución «antes de lamentar desgracias o se depuren las responsabilidades pertinentes». Y esa solución, ante las «explícitas» amenazas de muerte de la paciente problemática, requiere, según Pascual, la contratación inmediata de seguridad privada para cada uno de los tres centros afectados y que se cubra el horario completo de apertura todos los días de la semana. Pascual explica que, desgraciadamente, en la asistencia sanitaria, «nos hemos habituado a que, cada vez con mayor frecuencia, se produzcan actos violentos contra los profesionales». Sin embargo, este caso en concreto excede por completo las vivencias conocidas y exige de unas medidas de seguridad superiores.

Actualmente, hay dos profesionales de baja por las amenazas de esta paciente. Unas bajas consideradas por la Mutua como accidente laboral. Uno de los médicos, el que atendía en Gama, cuenta con una sentencia favorable y, la otra profesional, que pasaba consulta en Argoños y Escalante, se cogió la baja tras una situación extremadamente tensa tanto con la paciente como con su padre.

La ausencia de dicha profesional motivó el cierre de las instalaciones de Argoños y Escalante durante tres días a principios de junio debido al clima de inseguridad. Ya, entonces, se exigió a Atención Primaria que contratase seguridad privada para que «ningún profesional tenga que acudir a trabajar con el miedo a que le peguen un tiro». A este respecto, Pascual deja claro que «somos los primeros interesados en que no se cierren los consultorios, pero los alcaldes tienen que entender que no pueden estar abiertos sin implementarse ninguna medida de seguridad y con el riesgo existente, conocido por la Gerencia».

Lejos de asumir las obligaciones que marca la ley, Sanidad lo que ha hecho, reprocha Pascual, es contratar a un compañero que, «por los motivos que sea, está dispuesto a asumir ese riesgo; sin embargo, eso, no le exime como empresa de acometer medidas ya que, ahora, ha expuesto a otra persona». A día de hoy, la única respuesta ha sido instaurar seguridad privada exclusivamente en el Centro de Salud de Gama, solo en horario diurno y en días laborales. Por las noches y los fines de semana, el centro está desprotegido. Situación de la que se está aprovechando la paciente para acudir en esos horarios a generar altercados. Según la Administración se ha reforzado con un celador que, apostilla el secretario del sindicato, «no tiene atribución alguna en cuanto a seguridad».

Para no aumentar el presupuesto, el servicio de seguridad de Gama es el que se ha retirado del centro de salud del Sardinero donde según el mapa de riesgos de Sanidad «era del todo necesario». Además, en los consultorios de Argoños y Gama, donde es atendida la paciente y donde más expuesto está el médico al encontrarse solo gran parte de su horario laboral «no se ha tomado ninguna medida» Para el secretario, Atención Primaria se está pasando de «osada» ya que «si se produce alguna desgracia no será un hecho fortuito, sino un hecho anunciado a bombo y platillo».