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Héctor Setién y su madre habían recibido la cuarta orden de desahucio de su vivienda, en Gama, para hacerse efectiva en la jornada de hoy. Ayer, por la mañana, su abogado les notificó que, al igual que las otras veces -hubo otros tres intentos ... en enero, junio y octubre de 2018-, se suspendía el lanzamiento. De nuevo, ganaban una pequeña batalla en su particular cruzada, pero el temor a que les echen de su casa sigue pesando demasiado. «Cuando te dan una resolución favorable respiras tranquilo cierto tiempo, pero eres consciente de que das un paso adelante y otros dos hacía atrás. Esto es un sinvivir», reconocía el joven, que, a pesar de llevar años batallando, se siente en la «casilla de salida».
El caso de esta familia de Gama se remonta a 2012. Entonces, los padres de Héctor firmaron en Gijón un préstamo de 16.000 euros que necesitaban para adaptar la casa para su hermano, que ya ha fallecido y que entonces estaba afectado por una discapacidad. «Hablaron con un prestamista y firmaron una retroventa sin saber que con ello podían perder la casa», recuerda Setién. Con este tipo de contrato, el vendedor, que es quien recibe el préstamo, se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad prestada. «Cuando se dieron cuenta de la estafa, trataron de devolver el dinero, pero este señor ya no apareció. Si no existe el prestamista no hay manera de devolverle el dinero y entonces se queda con la casa», relató.
Desde entonces, esta familia, que también ha perdido al padre, está luchando a través de procedimiento judiciales, civiles y penales para conseguir que se reconozca la estafa y que «esta gentuza, que se aprovecha de las circunstancias económicas y familiares de sus víctimas para lucrarse, sea condenada y acabe en la cárcel». Para ello, Setién, que ha constituido una asociación que aglutina a más afectados del mismo prestamista (hay otras tres víctimas en Cantabria y también en País Vasco, Galicia y Asturias), considera vital que se lleve a cabo, como refuerzo a las denuncias, una investigación de todos los casos en Asturias.
El joven lamenta que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Gijón ha archivado este asunto en tres ocasiones. Una de esas veces, en 2018, el juez archivó un decreto remitido por la Fiscalía de Cantabria, en la que tras una investigación, concluyó que «había indicios suficientes para entender que había unas familias que habían sido víctimas de estafa, que, de forma individual, era imposible ver la comisión del delito, pero que se podía ver a través de la repetición de la conducta en varios casos». La Fiscalía de Cantabria, que se tuvo que inhibir en favor de la de Asturias al ser la competente, «recomendaba de oficio acumular todas las causas en un procedimiento que ya estuviese judicializado».
A este decreto se agarra Setién que lamenta que «el juez de Gijón no ha hecho su trabajo». Ahora, dice, hay un nuevo magistrado al frente de dicho juzgado por lo que han presentado, esta vez, una querella colectiva. Se registró el pasado viernes tanto en nombre de la asociación como de dos afectados y está pendiente de ser admitida trámite. Tiene esperanzas porque ha sabido de dos casos, «en San Sebastián y Cambados, a los que la justicia les ha dado la razón». Además, también está a la espera de la sentencia al recurso de apelación de la demanda de nulidad del préstamo origen de esta pesadilla. «Queda batalla, pero seguiré peleando para que investigue en condiciones, porque cada vez salen más víctimas».
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