El Supremo condena al exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a 9 años de inhabilitación por prevaricar en el caso 'Nocanor'

El Alto Tribunal rebaja la pena impuesta por la Audiencia Provincial de 10 a 9 años de inhabilitación al estimar parcialmente el recurso de Díaz al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas. Igualmente, el acusado deberá indemnizar a la constructora en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

En el caso de que Díaz - que aún puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional –, se declare insolvente, será el Ayuntamiento de Noja el que deba responder como responsable civil subsidiario. Es una de las novedades de la sentencia del Supremo, que estima parcialmente el recurso de la promotora perjudicada y condena al Consistorio – en la Audiencia Provincial fue absuelto – a hacer frente al pago de la indemnización en última instancia. El Ministerio Fiscal apoyó dicha petición.

El importe a abonar a Nocanor lo fijará la Audiencia Provincial. El denunciante reclamaba 12,9 millones de euros más intereses, pero la cantidad final, de momento, se desconoce. No obstante, el Alto Tribunal, en base a un recurso de la inmobiliaria de Ruiz Lavín, amplía las bases para calcular la indemnización que el condenado deberá sufragar

El único que sale beneficiado del nuevo pronunciamiento judicial es el que fuera por entonces secretario municipal, José Luis Sáenz-Messía, que ha sido declarado absuelto. La Audiencia le impuso una pena de nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de la prevaricación y le condenaba a indemnizar de forma conjunta y solidaria a la mercantil Nocanor Promociones SL, quedando, ahora, libre de ambos cargos.

El recurso del exsecretario ha sido aceptado entendiendo el Supremo que «no hay pruebas de que realizara actos de facilitación de la acción delictiva y ante la carencia de indicios que permitan construir, más allá de toda duda razonable, que él actuara concertado con el sujeto activo del delito».

Los hechos enjuiciados, que ocurrieron entre 2006 y 2011, parten de la interposición de una denuncia de la empresa Nocanor, perteneciente a la familia Ruiz Lavín, en la que acusaban a Díaz y al que fuera su secretario municipal de «retrasar deliberadamente la concesión de las licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire, con la finalidad de perjudicar económicamente a la constructora». En la causa se concluyó que se habían impuesto indebidamente obligaciones urbanísticas para perjudicar el proyecto de construcción de Nocanor, que adquirió los solares que Díaz, -también constructor-, había pretendido comprar, determinando con ello que se produjera una retraso en la ejecución de la obras y que las viviendas se culminarán en el peor momento de la crisis inmobiliaria.

Este controvertido enfrentamiento entre constructores y rivales políticos puede pagarlo finalmente el Ayuntamiento de Noja, si el responsable penal, llegado el momento, se demuestra insolvente. A este respecto, la actual regidora, Mireia Maza, ya mostró su preocupación el pasado julio, al conocer que Ruiz Lavín siendo alcalde de la villa nojeña había recurrido la sentencia ante el Supremo, por las «consecuencias negativas» que acarrearía para el devenir del Consistorio que la demanda prosperase; algo que, finalmente, ha ocurrido.