El Supremo ratifica que se debe derribar el edificio Las Torres de Escalante

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación preparado por el Consistorio contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó el recurso contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) por el que se devolvió al Ayuntamiento el Plan General, aprobado provisionalmente, para que suprima la unidad de dotación del edificio de Las Torres, sobre el que pesa sentencia firme de demolición por exceso de volumetría.

Esta decisión del alto Tribunal ratifica la resolución dictada el pasado mes de mayo por el TSJC, que rechazó el recurso al considerar que el Ayuntamiento de Escalante puede incurrir en una «desviación de poder», ya que en el diseño del nuevo Plan se dota a la finca en la que se ubica la unidad de dotación de una «edificabilidad desproporcionada» a la otorgada al resto de solares libres del casco histórico del municipio, con la única finalidad de legalizar el inmueble de Las Torres.

Ante este epílogo judicial, el Consistorio no le queda otra alternativa que dar cumplimiento a lo requerido por la Crotu y echar abajo el inmueble situado en la plaza de España. Algo con la que ya contaba el alcalde de Escalante, Francisco Sarabia, que explica que el recurso de casación ante el Supremo se presentó porque así se acordó en Pleno - con la abstención del PSOE - para agotar la última opción judicial disponible. No obstante, reconoce que «sabíamos que había muy pocas posibilidades porque prácticamente el 80% de los recursos de casación se echan para atrás». Es por ello, que este último revés judicial «no cambia mucho la situación en la que nos encontramos».

El Consistorio, de hecho, aprobó en diciembre de 2021 el proyecto de derribo de Las Torres por un importe de 421.978 euros y está previsto que este mes de marzo saque a licitación la actuación. Son los pasos que está dando para cumplir con el calendario de ejecución de la sentencia que le instó a presentar el TSJC y en el que fijó el próximo mes de junio como fecha para echar abajo la urbanización conformada por 32 viviendas. Ante este horizonte, 16 familias han optado por la indemnización económica y otras 16 están pendientes de una vivienda de sustitución. La Consejería de Obras Públicas ya tiene localizadas en Escalante varias parcelas susceptibles para la construcción de las nuevas casas y está redactando los pliegos para sacar una oferta publica de adquisición del suelo.