El TSJC ratifica que el nuevo Plan General de Escalante debe suprimir el edificio Las Torres

Los magistrados rechazan el recurso al considerar que el Ayuntamiento de Escalante puede incurrir en una «desviación de poder», ya que en el diseño del nuevo Plan se dota a la finca en la que se ubica la unidad de dotación de una «edificabilidad desproporcionada» a la otorgada al resto de solares libres del casco histórico del municipio, con la única finalidad de legalizar el inmueble de Las Torres. La sentencia ratifica, por tanto, la devolución del Plan lo que conlleva, implícitamente, que el Ayuntamiento tenga que dar cumplimiento a lo requerido por la Crotu y echar abajo el edificio situado en la plaza de España.

Contra el auto cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero el alcalde, Francisco Sarabia, reconoce que esta sentencia «supone la condena del edificio». La posibilidad de recurso se abordará en un Pleno pero, aunque se decida agotar la vía judicial, «estamos hablando de un horizonte de varios años hasta que se dicte la sentencia definitiva. Y viendo los calendarios y plazos que está imponiendo el TSJC en procedimientos de derribo similares en otros municipios, la demolición se ejecutaría antes de que llegara la sentencia».

«Con este auto no queda otra que derribarlo. A la Crotu se le proponía como solución el aumento de edificabilidad en este solar a cambio de la cesión de los bajos al Ayuntamiento para destinarlos a locales públicos. Pero no lo ha aceptado y para aprobar el Plan -el resto del documento está correcto- manda suprimir esta unidad de dotación».

Sarabia no oculta que la sentencia es un «varapalo», ya que, si se ejecuta el derribo, a Escalante se le presenta «un panorama bastante negro» al tener que hacer frente a responsabilidades económicas y patrimoniales «muy importantes». Cumplir la sentencia de demolición de Las Torres, dictada por el Supremo en 1992, supone que el Consistorio y el Gobierno de Cantabria tienen que desembolsar 3,6 millones de euros en concepto de indemnizaciones a los 32 propietarios para hacer frente a la responsabilidad patrimonial a la que fueron condenados.

Este dinero, de acuerdo a un convenio firmado en 2015, lo asumirán al 50% las dos Administraciones, aunque, inicialmente, el Ejecutivo regional adelantaría la totalidad, y el Consistorio pagaría su parte a lo largo de 25 años, lo que supondría 73.735 euros anuales. Además, el Ayuntamiento tendría que hacer frente en exclusiva a los gastos de demolición. «Hay un proyecto ya en el Ayuntamiento para ello, pero es de hace muchos años y tendremos que actualizarlo».

Aunque se rubricó ese convenio con el Ejecutivo para que el Consistorio pueda hacer frente a la financiación, el alcalde asegura que esta situación supone «hipotecar» al municipio ya que «no deja de ser de ser un cargo adicional que generará un problema económico bastante importante para el funcionamiento diario y que va afectar a las inversiones en los próximos años».

A ello suma el «duro panorama» para los 32 propietarios. El Gobierno de Cantabria ha ofrecido a los inquilinos de Las Torres la posibilidad de acceder a las viviendas de sustitución que se están construyendo en Isla, para los afectados del derribo de La Arena. En caso, de que sobraran pisos, el Ejecutivo les da esta opción. «Tengo entendido que Gesvicán ha enviado este mes a los propietarios de Las Torres una notificación instándoles a que en un plazo de 30 días expresen su preferencia por cobrar una indemnización económica o una vivienda de sustitución. Que el Plan de Derribos tiene previsto que sean las de Isla».

El regidor señala que apenas le ha dado tiempo a solucionar este tema porque «me he encontrado con todo el pescado ya vendido». De hecho, la Crotu devolvió por tercera vez el Plan en mayo de 2019, justo un mes antes de que tomara posesión. «El Ayuntamiento de Escalante lleva desde los años 90 intentando legalizar el edificio a través de modificaciones de las normas subsidiarias del Plan que anuló el Supremo y después con la elaboración de nuevo Plan. Los alcaldes que han pasado han intentado resolverlo con su mejor intención, pero está visto que no es posible».