La unión vecinal en Meruelo arrincona a los okupas, que incluso sopesan dejar el pueblo

Fue la primera gran representación de lo fuerte que se ha hecho la unión vecinal en el pueblo desde que este verano se fundara la 'Coordinadora Meruelo sin Okupas'. Lo más parecido a una agrupación de particulares que se declaran impotentes ante la «pasividad» con la que, a su juicio, se está gestionando este «problema social», y que ha decidido tomar cartas en el asunto para poner freno a «los robos, la falta de civismo y las amenazas que sufrimos diariamente por parte de esta gente».

Tanto está atenazando el asedio colectivo a los okupas –que son vigilados a todas horas e, incluso, vetados en algunos lugares de ocio– que la ansiedad comienza a hacer mella en ellos hasta el punto de que están sopesando abandonar el pueblo.

«Roban, amenazan a la gente, hacen carreras con los coches, la gente tiene miedo a ir caminando sola por el pueblo y no sabes cuál va a ser el siguiente problema que vas a tener con ellos», explica uno de los responsables de la Coordinadora, que prefiere el anonimato. «Hemos aguantado mucho durante estos casi tres años que llevan viviendo aquí, y no podemos más. Sentimos que teníamos que hacer algo y vemos que de esta manera, manifestándonos y mostrando nuestra indignación, podemos generar presión, tal vez para que se vayan, o tal vez para que alguna institución se fije en lo que está pasando y trate de resolverlo», explican en la agrupación, que ha puesto el foco en las dos viviendas que se encuentran ocupadas en estos momentos en el municipio.

Una es el número 22 del barrio Vallejada, propiedad del Banco Santander, que no ha denunciado la usurpación. Allí, según el registro del Ayuntamiento, viven seis personas. La otra es el 25 del barrio La Iglesia, y a pesar de que la situación sí ha sido denunciada, el juzgado aún no ha tomado una decisión porque no parece estar clara la propiedad del inmueble, donde residen otras ocho personas. Sendas viviendas están ocupadas por miembros que mantienen una conexión familiar y que, según el consistorio –que ha seguido su pista–, llegaron a Meruelo tras ser expulsados de los municipios de Los Cortijos (Ciudad Real) y de Alcaudete de la Jara (Toledo).

«El problema el día de la concentración lo tuvimos con el padre de familia de la primera casa, porque salió envalentonado y nos amenazó», explican los vecinos, que muestran varios vídeos grabados con dispositivos móviles que certifican este hecho.

La vigilancia colectiva se ha traducido ya en varias denuncias de la Guardia Civil. «Cuando un vecino los ve cometiendo algún acto delictivo, da el aviso, y así tenemos el control de lo que hacen y los ponemos coto cada vez que incumplen las normas». Los apercibimientos han llegado por conducción temeraria por viales del pueblo e, incluso, por venta ambulante ilegal en las carreteras de la zona. «Tienen que cumplir las normas y, si no lo hacen, estaremos ahí para verlo y dar el aviso», advierten.

Al tocar el timbre en el número 22 del barrio Vallejada atiende Esteban. Dice estar sorprendido por la reacción de la gente, por cómo todo el pueblo parece estar contra su familia. «Yo no soy un hombre violento, sólo que si viene un grupo de vecinos a atacarte a ti y a tu familia, pues lógico que te defiendas, ¿no?».

Confiesa que no tiene dónde ir, que nadie le concede ayudas y que trabaja de lo que puede, sobre todo vendiendo patatas en las cunetas de las carreteras. «Es lo que puedo hacer, lo que sé hacer, porque la cosa con el coronaviurus está muy difícil». Niega que nadie en esa casa haya robado nunca, ni haya causado ningún inconveniente a ninguno de los vecinos del pueblo; y confiesa estar muy afectado por todo lo sucedido: «Yo no me iba a meter en la casa de nadie, jamás lo pensaría. Esto es de un banco y no creo que a nadie en el pueblo le haga daño», cuenta mientras el nerviosismo se le escapa por la voz.

«Estamos preocupados, los niños no quieren ir al colegio y no sé... A mí no me van a echar de aquí si no me ofrecen una alternativa. Estaría encantado si pudiera pagar el alquiler de esta casa u otra, pero me piden una nómina que no tengo».

Dice estar muy incómodo con la tónica que han tomado los acontecimientos en las últimas semanas: «De verdad que yo no quiero ninguna guerra con nadie, pero es que la gente aquí nos está tratando muy mal, y el día 26 creo que vienen otra vez», avanza preocupado. Con lógica, toda la familia está barajando romper con todo y emprender una nueva vida lejos de allí. «Estamos mirando casas porque aquí ya no es fácil vivir, pero no hay nada. Seguiremos buscando».

En el chalé de al lado, el vecino más cercano se confiesa resignado: «Bien es cierto que yo, personalmente, no he tenido ningún problema serio con ellos. No me han molestado directamente en estos casi tres años que llevan viviendo aquí. Aunque sí que es cierto que no me gusta ver cómo lo tienen de descuidado, y que no comparto que cada uno haga lo que le de la gana en este país. Si todos nos dedicamos a ocupar casas de otra propiedad, no pagamos inmpuestos y hacemos lo que nos viene en gana, ¿Cómo viviríamos?», argumenta el hombre, de edad avanzada.

En el pueblo, los vecinos son más cautelosos. Pocos quieren hablar sobre un problema que consideran complicado de resolver, y sobre una gente a la que creen «peligrosa»; pero siempre hay quien no tiene pelos en la lengua. «Yo estuve en la manifestación porque me parece que no hay derecho a lo que están haciendo. Esa casa no es suya y hoy es de un banco, pero mañana puede ser de un particular», cuenta una vecina que no revela su nombre. «Lo que no puede ser es que la ley esté como está. Así no se puede hacer nada, por mucho que los vecinos se enfaden», agrega otra residente en el municipio. Así las cosas, los vecinos parecen decididos a dar la batalla para –según dicen– «recuperar la tranquilidad» en Meruelo.