Urbanismo devuelve a Escalante el Plan General por «deficiencias» en Las Torres

Es la tercera vez que este organismo regional insta al Consistorio a que incluya distintos requerimientos en el documento urbanístico antes de dar el visto bueno a su aprobación definitiva. El Plan General es la última baza, aunque sin garantía total, para salvar las 32 viviendas.

En el acta dictado por la Crotu a finales de mayo se recoge que el Ayuntamiento de Escalante remitió su Plan General en solicitud de aprobación definitiva una vez subsanadas las deficiencias que le señaló este organismo en julio de 2018. «En la sesión del pasado 12 de marzo se comprobó que se había dado cumplimiento a lo señalado por el órgano regional, si bien visto el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General de Urbanismo, se solicitó de la Dirección General del Servicio Jurídico informe sobre la legalidad de la unidad de dotación del edificio Las Torres».

Emitido el informe, la Crotu en su sesión del 8 de abril, consideró que «había suficientes indicios de que con el Plan General propuesto lo que se pretende es imponer a toda costa una solución que legitime la actuación urbanística previamente declarada ilegal por los tribunales, quedando el expediente sobre la mesa al objeto de formular la correspondiente propuesta». En vista de ello, procede a acordar la devolución del expediente al Ayuntamiento de Escalante al objeto de que subsane «las deficiencias» apreciadas en la unidad de dotación del edificio Las Torres.

Esta respuesta de la Crotu se la ha encontrado nada más a entrar a gobernar el nuevo alcalde de Escalante, el regionalista Francisco Sarabia. De hecho, dice, el escrito llegó al Ayuntamiento el 6 de junio, cuando aún estaba su predecesor en el cargo. De momento, para abordar este asunto, Sarabia se ha reunido ya con el abogado y tiene pendiente otra reunión con el equipo redactor. Pero, sobre todo, está a la espera de que se conforme la nueva Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria para solicitar una cita con sus responsables a fin de que le aclaren las imperfecciones que han detectado y que el Ayuntamiento tiene que enmendar. «El documento no concreta cuáles son las deficiencias por lo que en cuanto se nombre al nuevo director general de Urbanismo vamos a pedirle una reunión para ver el estado en el que se encuentra esta materia y que nos aclare las deficiencias. Una vez que las conozcamos y tengamos toda la información, me reuniré con el equipo redactor, el equipo jurídico municipal, secretaria... y, previa consulta a los otros portavoces de los grupos políticos de Escalante, decidiremos por dónde tirar». Hasta disponer de las razones «no me quiero pronunciar», lo que sí dice es que «el Ayuntamiento al parecer ha cumplido a rajatabla los requerimientos solicitados las anteriores veces».

En cuanto a la solución que contempla el Plan General para legalizar el inmueble las Torres, Sarabia explica que «se parte de la 'ficción' de que el edificio no está construido y se le da una edificabilidad determinada. A cambio tiene que ceder al ayuntamiento como compensación equipos dotacionales –locales– en los bajos para su uso y disfrute».

Que el Plan General de Escalante pase el listón de la Crotu y se apruebe definitivamente ajustándose a la normativa puede ayudar a su legalización pero no garantiza que los jueces paralicen los derribos. De hecho el anterior regidor ya explicó a este periódico que «el Plan puede ser un instrumento para que los tribunales puedan dictar una inejecución de sentencia, pero al final depende de la interpretación que haga el juez».

Si la aprobación definitiva del PGOU no garantiza, finalmente, que el edificio se salve, tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento de Escalante ya tienen previsto un método de pago a medias de los más de 3,6 millones de euros que se desembolsarán para las indemnizaciones a terceros, haciendo frente a la responsabilidad patrimonial a la que han sido condenados. De hecho, en 2015 ambas administraciones firmaron un convenio para garantizar los derechos a afectados por el derribo de Las Torres «al 50%».

Así, el Gobierno y el Ayuntamiento se enfrentarían cada uno de ellos a una responsabilidad patrimonial de 1.843.395 euros que, en principio, abonaría el Ejecutivo, mientras que el Consistorio pagaría su parte a lo largo de 25 años, lo que supondría 73.735 euros anuales.