Varapalo judicial a la UTE de Ascán y Acciona, adjudicataria de la obra del subfluvial de Santoña

El Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid no sólo ha rechazado la demanda que presentó en 2017 contra Tragsa, en la que exigía la resolución del contrato y una indemnización millonaria (10,4 millones), sino que condena a la UTE a pagar a la empresa pública un millón y medio de euros por sobrecostes directos e indirectos, además de 53.149 euros al mes hasta llegar a la extinción total del contrato que ata ambas partes.

El varapalo judicial propinado a la UTE va más allá de la mera indemnización, porque también se condena a Ascán y Acciona a retirar a su costa la tuneladora de su propiedad, que quedó atascada en el subsuelo cuando perforaba el túnel del subfluvial. El bloqueo de la máquina, ocurrido en diciembre de 2016 cuando sólo se habían horadado 275 metros de longitud de los 1.444 necesarios, provocó la paralización 'sine die' de las obras. Dos años y medio después permanecen totalmente inactivas con los consiguientes costes de mantenimiento y riesgos de contaminación ambiental. En la 'zona cero' de la actuación, el barrio de Santoñuca, se acumulan las maquinarias y materiales a la espera de darles una utilidad.

La resolución del contrato que se establece en la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, obligará al Ministerio de Agricultura a una nueva adjudicación de las obras que faltan para culminar el proyecto. El Juzgado condena a la UTE porque «incumplió» reiteradamente sus obligaciones contractuales, «debiendo pechar con las consecuencias».

De este modo, a la constructora le ha salido el tiro por la culata. Fue la primera en acudir a la Justicia para resolver el contrato suscrito en diciembre de 2014 con Tragsa y reclamar más de diez millones de indemnización a la empresa pública. Entonces, Tragsa contraatacó con una contrademanda, en la que exigió también la extinción del contrato y ser resarcida por los daños y perjuicios causados.

En sede judicial, ambas partes se imputan incumplimientos del contrato que tenía por objeto la construcción de un túnel subfluvial, entre Santoña y Laredo, de 1.444 metros de longitud y 3,40 metros de diámetro, por los que entienden deberían prosperar su acciones indemnizatorias.

Pero el juez de instancia sólo ve incumplimientos en la constructora. Así, la sentencia subraya que según el contrato la UTE «debía haber adquirido e instalado tres centros de transformación», imprescindibles para el suministro eléctrico de la obra, así como hacer frente al «abono del derecho de enganche» de la compañía suministradora, a lo que se negó. Primer incumplimiento.

El juez entiende que también competía a la UTE la reordenación del tráfico y los permisos relacionados con el mismo, cosa que no hizo, lo que obligó a Tragsa a acometer la gestión. Segundo incumplimiento.

La constructora incurrió asimismo en un retraso en la puesta de la maquinaria en la obra, más flagrante en el caso de la tuneladora que debía horadar el subsuelo. Tercer incumplimiento. La resolución judicial explica que más de un mes después del acta de replanteo, la UTE adquirió una tuneladora de segunda mano y averiada a una empresa alemana. La constructora se comprometió a tenerla a disposición de la obra en el mes de julio de 2015, pero en esas fechas se encontraba en un taller de Acciona situado en un municipio de Toledo, donde estaba siendo reparada.

El cuarto incumplimiento relatado por el juez guarda relación con la ejecución del pozo de ataque y los taludes este y norte, lo que obligó a Tragsa a acometer a su cargo, «sin tener obligación de ello», la terminación del pozo, que sacó a licitación por cerca de 90.000 euros. La empresa pública tuvo que hacerse cargo también de la colocación de mallas protectoras para cubrir los taludes, a pesar de que era obligación de la constructora.

Así que con estos mimbres, cuando la UTE invoca la resolución del contrato con el argumento de los incumplimientos de Tragsa, el juez rechaza de forma taxativa sus pretensiones por ser la constructora la que no ha cumplido con sus obligaciones. Por contra, la sentencia atiende en parte la reclamación de la entidad pública. Así, ordena que la retirada de la tuneladora de la UTE, atascada en el subsuelo, corra a cargo de la constructora; declara extinguido el contrato con Ascán y Acciona por incumplimiento de las condiciones del mismo, y establece que sea indemnizada con 1,5 millones de euros por los sobrecostes directos e indirectos que tuvo que asumir ante las infracciones de contrato de la UTE. Tragsa pedía además que la constructora fuera condenada a pagar 2,2 millones en concepto de penalizaciones por la demora de los trabajos, pero el juez lo rechaza por ser incompatible con la extinción del contrato.

Ante esta resolución judicial, El Diario Montañés se puso en contacto con fuentes de Tragsa que declinaron valorar la sentencia y tampoco se pronunciaron sobre qué va a ocurrir con el proyecto paralizado y, sobre todo, si se mantiene el anuncio de desbloqueo realizado el pasado febrero, a pie de obra, por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en su visita a Santoña. Unas palabras que los vecinos pusieron en 'solfa' por la cercanía entonces de las elecciones generales.

Morán aseguró que «las obras podrían retomarse si todo va bien en algo menos de cuatro meses», lo que significa que tendrían que estar en marcha de nuevo este próximo mes de junio. Según sus palabras, el conflicto judicial «no podía acarrear un problema al conjunto de la ciudadanía», y destacó «muy buena voluntad por parte de Ascán y Acciona» para encontrar «un punto de acuerdo» que permita poner en marcha el mecanismo de activación de la tuneladora, una vez que se proceda al cambio de la cabeza de corte afectada que llevó a la paralización de las obras.

Ahora, tras esta sentencia, hay que saber si esa buena voluntad de la UTE sigue intacta o los trabajos continuarán en punto muerto a la espera de los siguientes capítulos judiciales. Su reanudación es clave ya que son unos trabajos de interés general, vitales para culminar el Plan de Saneamiento Integral de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, de todo el arco de la bahía de Santoña y el río Asón, y para evitar la contaminación y cierre del marisqueo, un sector que está sufriendo gravemente las consecuencias de esta situación.