Vecinos de Argoños denuncian que «mafias okupas» trafican con viviendas con sentencia de derribo

A diario los vecinos asisten a espectáculos a veces dantescos. Basura tirada por la calle, perros peligrosos sueltos, riñas y peleas, música y ruidos hasta altas horas de la madrugada... «El problema es que parece que no se puede hacer nada y estamos aquí viviendo con esta gente como podemos, porque no respetan nada», se suma Vitori Frontela, residente en Las Llamas II. «El mayor problema es que no son casos aislados de gente que viene a okupar, sino que están organizados. Muy organizados y asesorados. Son mafias». Organizaciones que han estudiado cada resquicio legal para sacar el mejor partido a los derechos del okupa. Hasta el punto de que resulta prácticamente imposible expulsarlos si no es por la fuerza.

«El proceso judicial desde que se inicia la denuncia de okupación hasta que se procede a echarlos suele prolongarse unos dos años. Pues hemos visto cómo antes de que se cumpla el plazo se intercambian las viviendas entre ellos, o se va el que vive para que venga otro de vete a saber dónde y con ello obligar a empezar de nuevo el proceso de expulsión», afirma Frontela. El miedo entre los vecinos crece porque es gente que conecta el agua y la luz a cualquier lado, que intimida a quienes les planta cara y ninguna institución tiene amparo legal para hacer nada.

Incluso están a la orden del día tras transacciones financieras entre ellos. Compraventas que realizan con viviendas que nunca han sido suyas. «Hace poco la Guardia Civil detuvo a una mujer por una trifulca. Al parecer le pusieron una orden de alejamiento con alguien del barrio y entonces le ha tenido que vender la vivienda por 3.000 euros a otro okupa. Así estamos. Se lo venden unos a otros», relata esta vecina.

El teléfono de la alcaldía suena de manera incesante. El regidor, Juan José Barruetabeña (PP), no da abasto. «Los vecinos esperan de mi que sea Guardia Civil y juez al mismo tiempo. Piensan que tengo atribuciones que no tengo y al final es que tenemos las manos atadas con este tema», afirma.

Junto a Las Llamas IIhay otra urbanización, conocida como Pepín Llano, donde hay otros dos chaléts okupados. «Estos son propiedad del Ayuntamiento pero tampoco podemos hacer nada», lamenta Barruetabeña, que considera este problema como el primero, el más importante del municipio. «Si no fuera poco con las sentencias de derribo, ahora resulta que tenemos esto. Está dañando mucho nuestra imagen porque es algo que genera unos problemas gravísimos de convivencia». Y no sólo por lo que hay, sino por lo que puede venir.

Nuevas sospechas

«Estamos vigilantes. Muchos vecinos tienen puestos los cinco sentidos en esto, y ya han visto a gente merodear por ciertas viviendas. Gente que ha reventado los contadores de luz y de gas, ya sabes, para ver los consumos y comprobar si hay gente viviendo». Teme, literalmente, que se genere un efecto llamada. «El otro día estuve hablando de todo esto con el consejero, Roberto Media, pero ya me ha dicho que es muy complicado hacer nada».

Media visitó el pueblo el pasado lunes para exigir medidas «urgentes» para acabar «con esta lacra y las mafias» de la okupación ilegal en Cantabria, una situación «insostenible» sobre la que se debe actuar para evitar que se siga extendiendo. El consejero se dio un paseo por la urbanización okupada junto al alcalde, varios vecinos y representantes de AMA. Todo para denunciar una nueva incursión ilegal en una de las viviendas. La octava.

«Ya son ocho las viviendas propiedad del Gobierno, pagadas por todos los cántabros, que son ocupadas en este municipio y que generan problemas de inseguridad en este barrio. Es intolerable». Media hizo referencia a los comportamientos de «estas mafias» que compran y venden contratos entre ellos. «Necesitamos que el Gobierno tome medidas urgentes para acabar con esta lacra», insistió.