Villa Luz ya es propiedad de Colindres

Además, los herederos de la propiedad deberán pagar al Consistorio los intereses de la expropiación y las costas procesales de los diferentes pleitos que han dilatado durante años la resolución de este conflicto, que tuvo su origen en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colindres de 1999, que preveía la adquisición y expropiación de dicha casa y su finca para uso municipal.

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa fijó en 2005 como justiprecio la cantidad de 1.437.533 euros, más los intereses. En el año 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dictó sentencia en un procedimiento iniciado por los dueños de la finca contra esta resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, fallando a favor de estos últimos y fijando como justiprecio la cantidad de 5.377.571 euros -los propietarios llegaron a pedir 11 millones-, más los intereses.

Esta resolución fue recurrida por el Ayuntamiento, y en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo falló a favor del Consistorio invalidando todo el proceso, basándose en la anulación, en el año 2005, del PGOU de Colindres del año 1999, del que deriva la expropiación. Según se recoge en esta última sentencia del Supremo, «ello significa que no se ha producido la expropiación forzosa de la finca Villa Luz y que, por tanto, no es debido justiprecio alguno».

Los pasos que ha ido dando desde entonces el Ayuntamiento se han centrado en recuperar la cantidad de 1.553.039 euros que pagó en su momento, que se hizo efectiva aceptando la propuesta de los herederos del pagar en especie el importe de la expropiación, entregando la vivienda y el terreno al Consistorio. A partir de aquí el equipo de gobierno encargó una tasación para conocer el valor de la finca, que actualmente se cifra en 1.583.974 euros.

El reintegro de la expropiación y los intereses se efectivo hizo ayer, miércoles, sirviendo la casa para compensar el grueso de la deuda, si bien el Ayuntamiento empezará hoy a liquidar también los intereses, mientras que las costas judiciales las reclamaría el juzgado, lo que sumaría, aproximadamente, unos 700.000 euros, según el alcalde de Colindres, Javier Incera.

Este primer pago «pone fin a un conflicto que se había dilatado durante muchos años», según Incera. que indicó que, al pasar la casa y la finca a ser un bien público, «el Ayuntamiento tiene que rehabilitarla, y lo importante es que pasa a ser patrimonio de todos los colindreses».