La Audiencia Provincial avala la toma de declaraciones de los ediles de Ribamontán al Monte investigados por prevaricación

El auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto por el regidor de Ribamontán al Monte contra una providencia y un auto dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, en los que se acordaba y mantenía la toma de declaración de los investigados y que ahora «se confirma en su integridad».

Tras conocer el contenido del auto, Joaquín Arco ha afirmado que tanto él mismo como el resto de los encausados, «estamos tranquilos», y adelantó que «recurriremos otra vez» ante los tribunales. A juicio del regidor, «se trata de cuestiones técnicas» y «consideramos que el tema está bien argumentado por nuestra parte».

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial entiende en el auto hecho público hoy que «la toma de declaración de los investigados en este concepto o cualidad de investigados no es solamente un acto o diligencia de investigación a practicar en la fase de instrucción, sino que también se trata de una manifestación o un medio idóneo de defensa y que, como tal, resulta de práctica o realización ineludible en el proceso penal».

Como se recordará, el pasado 21 de junio los tres concejales regionalistas, uno del PSOE y una exedil de Ribamontán al Monte investigados por presunta prevaricación se acogieron a su derecho a no declarar durante la vista que trataba el caso. Desde el PRC local se insistió en aquel momento en que la causa no tenía recorrido legal porque estaba recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Por su parte, el presidente del PP de Ribamontán al Monte y exalcalde, José Luis Blanco, ha señalado, después de conocer el contenido del auto, que ahora «se van a poder esclarecer unos hechos que ponen en entredicho la manera de proceder del equipo de gobierno». A través de un comunicado, Blanco, promotor de la denuncia junto al anterior equipo del PP, ha indicado que los investigados «se saltaron los reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones, así como a la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático, sin seguir el procedimiento estipulado».

Los investigados en esta causa son, junto al alcalde Joaquín Arco, los ediles regionalistas Lidia Ruiz Llanos, Raúl Fermín Ruiz Sánchez, Fernando González Mazas, Mercedes Fernández Pérez y el socialista Jesús García Fuente, quienes deberán prestar declaración. Todos ellos, salvo Lidia Ruiz que dimitió, siguen formando parte del equipo de gobierno de Ribamontán en la presente legislatura.

El presidente del PP de Ribamontán considera que «los concejales investigados cometieron un error cuando se negaron a declarar ante el juez el pasado junio, porque ahí perdieron también la oportunidad de defenderse». «No lo debían tener muy claro cuando optaron por esa opción», ha ironizado.