El Ayuntamiento de Ribamontán al Mar clausura un negocio en la playa de Langre

Un policía local con cuatro auxiliares, junto a dos agentes de la Guardia Civil fiscal acudieron ayer por la mañana a precintar el negocio por orden del alcalde. «Lo habríamos hecho antes, pero los propietarios han estado dilatando el proceso, que ha durado casi dos meses, hasta agotar todo recurso posible», aludieron fuentes municipales a preguntas de este periódico, al tiempo que aclararon que «ahora ya han agotado la vía administrativa y sólo les queda ir por lo contencioso».

Los propietarios, que estaban advertidos de lo que ocurriría este viernes, comunicaron a los agentes que habían solicitado en el juzgado medidas cautelares y que, por ello, «no nos pueden clausurar hasta que no sea un juez el que lo dictamine». No obstante, Policía Local y Guardia Civil siguieron adelante, algo que en opinión de los dueños del terreno «podría ser constitutivo de delito de prevaricación».

Lo que ocurre en Langre lleva gestándose desde 2020, que es cuando la propiedad presentó el primer proysecto en el Consistorio para crear un área de servicios que incluiría aparcamiento, aseos, instalaciones para almacenar tablas de surf (...), todas ellas desmontables para ser colocadas solo en verano. Uno de los socios valora que «la respuesta fue ambivalente», y recrimina que «de primeras» el alcalde les dijese «a todo que sí y luego son todo trabas». De hecho, afirma que «se nos dijo que debíamos contar con el visto bueno de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio) y que el Ayuntamiento también nos lo daría».

Desde la Crotu se echó atrás buena parte de la propuesta, por ejemplo no se veía con buenos ojos la colocación de casetas, sin embargo «no veía impedimento» en que operara una 'foodtruck' siempre que no pernoctara. No obstante, el Ayuntamiento no lo entiende de la misma manera y, en cumplimiento al Plan de Ordenación Litoral, niega la licencia al ver que esta actividad es incompatible con un terreno protegido. Pese al rechazo municipal a la licencia, los propietarios siguieron adelante al entender que «el Consistorio debe respetar lo que diga la Crotu».

Al terreno no sólo entra la furgoneta, también mobiliario e incluso una pista de skate, porque el propietario entiende que «la Crotu no les contradice al ser desmontable». No obstante, esta semana y ante el aviso de que se iba a precintar el negocio, la pista fue desmantelada antes porque, reconocen ahora, «podía ser objeto de discrepancias al no ser mobiliario como tal». Al mismo tiempo, el proyecto ha recibido un fuerte rechazo por parte de vecinos por las molestias que estaba ocasionando, con «música y venta de alcohol» y por grupos como Ecologistas en Acción, pese a que siempre fue publicitado por los dueños como una iniciativa que mira por el ecosistema e incluso ha sido avalada «por la plataforma Ecolatras», relatan.