Comienza el juicio del crimen de Liaño

Según la información facilitada por el TSJC a este periódico, los tribunales cántabros nunca han impuesto la máxima condena que recoge el Código Penal desde su entrada en vigor en mayo de 2015. De hecho, es la primera vez que la Fiscalía solicita esta pena, que esta reservada para casos muy concretos. Si bien es cierto que en algunos casos, como la decapitación de Castro Urdiales, la acusación particular llegó a solicitar esa pena, aunque la Fiscalía se quedó en los 25 años de cárcel.

Según recoge la reforma de la ley de 2015, la prisión permanente revisable podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad como el asesinato de menor de 16 años o persona que se encuentre en un estado de vulnerabilidad especial, el asesinato después de la comisión de un delito contra la libertad sexual, el asesinato cometido por miembro de un grupo u organización criminal o los asesinatos múltiples (cuando se condena por el asesinato de más de dos personas). También se puede aplicar por matar a un miembro de la Corona: Rey, Reina, Príncipe o Princesa de Asturias, por asesinar a un Jefe de Estado extranjero que se encuentre en España y tenga protección por Tratado Internacional, por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y por delitos de terrorismo, cuando se causa la muerte de una persona.

Su aplicación conlleva el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un plazo inicial que varía entre los 25 y los 35 años. Tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.

Quien piense que este castigo equivale a la cadena perpetua está equivocado. «La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de 'pena definitiva' en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión».

Mientras que en España hay varios casos con condenas de este tipo como la impuesta a 'El Chicle' por el asesinato de Diana Quer o a Ana Julia Quezada, por el del niño Gabriel; en Cantabria, todo se han quedado hasta ahora en peticiones de esta pena que han venido siempre de la mano de las acusaciones particulares.

Es el caso de Guillermo Bruces, que ató de pies y manos y amordazó a Adela Corral, de 69 años, antes de asfixiarla en la misma vivienda donde ella le había alquilado una habitación. Unos hechos por los que fue condenado a 17 años de cárcel. La familia de la víctima solicitó inicialmente la prisión permanente revisable para el acusado porque su madre tenía una minusvalía, pero en la penúltima sesión del juicio rebajaron su petición a los 25 años «porque parece ser que esa pena está más orientada a gente totalmente indefensa como niños o ancianos. Aunque por ganas hubiésemos pedido la permanente, ya que es reincidente y ha salido hace poco de la cárcel», explicaba la hija de la finada al término del juicio.

También en el caso de la decapitación de Castro la acusación particular solicitó la prisión permanente revisable para la acusada, aunque tras considerar el jurado que era autora de un homicidio, la petición se redujo a los 25 años.

Con esa petición de pena sobre sus hombros, hoy se inician las declaraciones en la Audiencia de Cantabria con los testigos pedidos por el Ministerio Fiscal. Jose Reñones declarará el lunes 17 de febrero como acusado de asesinar a su expareja y a la hija de ambos, de once meses.