El conductor de Suesa del triple atropello mortal circulaba a 79 km/h

En base a ese documento, la jueza que instruye el caso, María José de Arriba, ha emitido un auto, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, en el que acuerda continuar las actuaciones frente al detenido, en prisión provisional desde el pasado agosto, por presunto delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo la influencia del alcohol, en concurso con otro de imprudencia grave con resultado de tres muertes, lesiones y daños.

En dicha resolución, la instructora también da traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

Para la jueza, resulta indiciariamente acreditado que el pasado 4 de abril de 2023, sobre las 20.00 horas, Jaime Acebes, de 73 años, y sin antecedentes penales, conducía un Ssangyong Rodius por la carretera CA-433, del término municipal de Ribamontán al Mar, cuando a la altura del kilómetro 0,600 «perdió el control del vehículo saliéndose de la vía por el margen derecho y atropellando a tres peatones: María Teresa Ramos (vecina de La Rioja, de 68 años), Erika y Ethan Rey de Pera –madre e hijo de 42 y 19 años, vecinos de Sestao (Vizcaya)–, todos ellos alojados en el camping de Suesa y que «fallecieron en el acto».

Según señala la jueza, el conductor chocó con la valla metálica que se encuentra a la derecha para continuar circulando por el carril derecho con «pérdida total del control del vehículo» y colisionó por alcance con otro vehículo, que salió proyectado, saliéndose de la vía, continuando Acebes circulando sin tener control del vehículo e invadiendo el sentido contrario. Tras unos metros retomó al carril derecho y acabó chocando con la valla metálica del margen derecho, donde finalmente quedó detenido. La velocidad a la que conducía se ha determinado en 79 km/h, en un tramo limitado a 50 km/h.

Tras el siniestro se procedió a realizar la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó una tasa de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba; 0,70 en la segunda, y 1,38 gramos por litro en sangre, alcohol que había combinado con Alprazolam, fármaco de la familia de las benzodiacepinas para la depresión, que según los peritos no influyó en lo ocurrido.

En este sentido cabe recordar que el informe de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Cantabria fue contundente y descartó las circunstancias atenuantes que planteaba la defensa de Acebes. Los peritos judiciales sostienen que el detenido no sufre ningún trastorno mental que altere sus facultades y que la medicación que tomaba mezclada con alcohol no le afectó en la conducción, según el escrito presentado ante la instructora del caso.

Sí apreciaron una «influencia del alcohol» en su capacidad volitiva, aunque no en la «cognoscitiva», puesto que eso le habría impedido ponerse al volante.

Corredor de seguros jubilado, Acebes sufre un «trastorno depresivo recurrente», aunque «con remisión completa en todos los episodios», además de problemas con el alcohol, por lo que en los últimos años había tenido al menos tres caídas graves. Según él mismo declaró, toma doce pastillas diarias y bebía alcohol. «Siempre conducía, pero no he tenido ningún accidente, volvía a casa perfectamente», alega. La Guardia Civil le había multado por un positivo de alcohol en la misma carretera del siniestro meses antes y se empotró con el coche en otra ocasión.

Tras el trágico accidente, el juez de guardia, Carlos Miguel Arcay, dejó en libertad al conductor y le impuso la obligación de comparecer ante el juzgado semanalmente, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada cautelar del permiso de conducción, al considerar que no existía riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular apelaron ante la Audiencia Provincial de Cantabria, que decretó el pasado mes de agosto prisión provisional para el implicado «para garantizar que no siga siendo un peligro para la seguridad del tráfico, tanto rodado como peatonal».

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