La defensa del conductor del atropello mortal de Suesa pide su absolución

En dicho escrito, la abogada de Jaime Acebes, vecino del municipio y en prisión provisional desde el pasado mes de agosto, indica que en otro caso concurriría la circunstancia eximente incompleta de alcoholemia de su cliente, que en el momento de los hechos tenía 73 años, circulaba a 79 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 km/h y casi triplicó la tasa de alcohol permitida.

El accidente tuvo lugar sobre las ocho de la tarde del 4 de abril de 2023 cuando el hombre perdió el control de su vehículo y se salió de la vía en la CA-433 a su paso por Suesa. Arrolló mortalmente a tres personas que estaban alojadas en el camping de la localidad y que habían salido a caminar por el paseo peatonal aledaño a la vía: una madre y su hijo, de 42 y 19 años, vecinos de Sestao (Vizcaya) y una mujer de 68 de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

Una vez presentado el escrito de la defensa, y después de que el fiscal y la acusación particular -que ejercen los familiares de los fallecidos- presentaran los suyos y reclamaran respectivamente seis y nueve años de prisión, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña ha remitido las actuaciones y piezas separadas del caso (sobre situación personal del investigado y responsabilidad civil) a la Audiencia Provincial de Cantabria, en concreto al servicio de reparto para que la causa sea enjuiciada por el órgano que corresponda.

El juez instructor abrió en mayo juicio oral y ratificó las medidas cautelares adoptadas, por lo que, a priori, el investigado permanecerá en prisión hasta la celebración de la vista oral. Desde abril de 2016 tiene reconocida una discapacidad del 65 por ciento.

Tras los hechos, dio positivo en una medicación para la depresión, aunque no influyó en lo ocurrido, según la forense que le examinó el pasado otoño. En su informe, al que ha tenido acceso esta agencia, también concluyó que el investigado no presentaba ninguna patología o trastorno mental que alterase el normal funcionamiento de su capacidad intelictiva y volitiva, aunque esta última sí se vio influenciada por el consumo de alcohol previo al accidente.

Las acusaciones consideran al acusado responsable de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave, un delito contra la seguridad vial por conducir con temeridad manifiesta y otro por conducir bajo los efectos del alcohol.

El ministerio público pide una pena de seis años de prisión y nueve de privación del derecho a conducir (lo que supone la pérdida definitiva del mismo), además de una indemnización a los familiares de los fallecidos de 601.681 euros. Por su parte, los allegados a las víctimas elevan la petición a nueve años de cárcel y trece de privación del derecho a conducir. En cuanto a las indemnizaciones, la familia de una de las fallecidas solicita una suma total de 336.373 euros, mientras que la de la madre y el hijo fallecidos reclama 628.389 euros.

El juez acordó que el acusado y su aseguradora prestasen una fianza de 1,1 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que puedan imponerse en sentencia.