Un año del doble crimen de Liaño

Cuando el pasado 17 de diciembre de 2021 la Guardia Civil detuvo a Reñones -en prisión provisional desde entonces- todo el mundo dio por hecho que estábamos ante un nuevo crimen machista en Cantabria y que el caso se resolvería en cuestión de meses. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El detenido ha negado la autoría del asesinato en todo momento y aún quedan pendientes varias pesquisas que permitan al instructor cerrar su investigación y dejarla en manos del jurado popular, que será el encargado de enjuiciar esta causa.

Este doble crimen sobrecogió a toda la sociedad cántabra. Se celebraron concentraciones de repulsa tanto en el municipio donde se produjeron los hechos (Liaño de Villaescusa) como en Santander, y los representantes políticos instaron a ser «muy rigurosos» en el seguimiento de las órdenes de alejamiento para evitar «estas desgracias». Y es que una de las claves de este caso radica en la intervención que tuvieron dos agentes y un sargento de la Guardia Civil, que no dieron cumplimiento al protocolo que recoge que hay que proceder a la detención de quien se salta una orden de alejamiento.

El día en que se produjo el crimen (16 de diciembre de 2021), los agentes acudieron a la vivienda de Eva Jaular después de que esta les alertara sobre la presencia de su expareja en el domicilio. Los agentes desalojaron a José Reñones y, según su versión de los hechos, aguardaron unos minutos para confirmar que no regresaba. Eva también se marchó. Sin embargo, dos vecinas de la víctima fueron «contundentes» a la hora de asegurar que el sospechoso regresó a casa de la joven sobre las 16.30 horas, minutos después de que la Guardia Civil lo expulsara al haber quebrantado la orden de alejamiento que tenía frente a su expareja (aunque él sostiene que habían retomado la relación).

Ambas insistieron en que oyeron partir leña a Reñones, en torno a las 16.50 horas. «Era él porque Eva no tenía el coche allí en ese momento y no vi a nadie más», apuntó una de ellas, que se encontraba retirando hojas del patio de su vivienda cuando presenció tanto la expulsión del encausado como su vuelta a la casa. Es más, mientras que los agentes que desalojaron al ahora detenido sostienen que se quedaron fuera de la vivienda de Eva «unos veinte minutos» para cerciorarse de que el hombre no regresara, esta vecina mantiene que la pareja de guardias civiles se marchó una vez que el sospechoso abandonó la casa.

Sobre las 17.30 horas, esta vecina asegura que vio a Eva llegar a casa en su coche -al parecer regresaba con su hija, según el testimonio de la madre de esta testigo-.

Un tercer testigo, en concreto un albañil, también ratificó que sobre las 17.30 o 17.40 horas escuchó a una mujer gritar: «¡Socorro, socorro, mi hija!». La petición de auxilio venía de una casa situada a unos cien metros de donde se encontraba, pero como no escuchó más gritos ni vio a nadie, no le dio importancia. Una media hora después de ese grito de socorro, sobre las 18.00 horas, uno de los dos guardias civiles que echaron de la casa a Reñones llamó a Eva para interesarse por ella, pero la mujer no contestó ni devolvió la llamada. El móvil daba señal. «No me extrañó y por eso no se lo comuniqué al sargento», declaró. ¿Y no se les ocurrió ir a la casa para echar un vistazo?, preguntó un abogado en su interrogatorio. «No», respondió el agente.

Tras estas declaraciones, hace apenas tres meses se conocieron los resultados de la autopsia de Eva, que indica que murió por las heridas múltiples penetrantes con arma blanca que recibió en tórax y abdomen. En total fueron seis las puñaladas o cuchilladas, ya que se desconoce el arma con el que la mataron al no localizarse. Lo único que se ha determinado es que se trataba de una «arma monocortante, muy afilada, con una ancho de hoja de al menos 1,1 centímetros, y de tipo recto (que no se ensancha en su filo)». Además, ha trascendido un estudio sobre los móviles del detenido y la víctima. Los agentes desmontan la versión de Reñones y lo sitúan en el lugar de los hechos durante el tramo horario en el que fueron asesinadas Eva y su hija. «Tuvo que alimentar la batería de su móvil durante la tarde o noche del 16 de diciembre (cuando se produjo el asesinato)», concluyen, tras encontrar dos cargadores de móvil en la vivienda.

Las acusaciones particulares, que se quejan de la «lentitud» de la práctica de las pruebas de la que no responsabilizan al juez, están a la espera de conocer el informe solicitado a la Policía Judicial sobre la geolocalización de los móviles de la víctima y el detenido. Además, aguardan un informe de toxicología relativo al cruce del perfil genético del investigado con las prendas que llevaban las víctimas. Mientras, el detenido ha pedido por segunda vez su puesta en libertad. Pero el instructor se lo ha rechazado porque «no han cambiado las circunstancias que determinaron esta medida cautelar».