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ELENA TRESGALLO
Liérganes
Miércoles, 14 de junio 2023, 02:00
Los dos auxiliares de Policía Local de Liérganes tendrán que regresar a sus plazas, ya reconvertidas al formato de operario de usos múltiples, porque de no hacerlo «pasarían a la situación de excedencia voluntaria, ya sin sueldo», explicaba esta semana el alcalde de Liérganes ... en funciones, el independiente de la UPL Santiago Rego. El caso de los dos auxiliares es singular y tiene pocos precedentes. En el año 2012, el exalcalde Ramón Diego (PSOE) decide suprimir sus puestos por tener un cometido «superfluo e inútil», alegando también motivos económicos. Por ello, les envía primero a la brigada de obras y les llega a sentar en un despacho sin actividad, según denunciaron entonces los sindicatos. Entretanto, se inicia la batalla judicial con el resultado de tener a los dos agentes en excedencia forzosa pero con sueldo. Así han pasado diez años, con un coste para las arcas de más de 30.000 euros anuales, algo difícil de explicar.
En resumen, los dos auxiliares han podido trabajar en otros cometidos pero llevan años cobrando un sueldo municipal por la anómala situación creada. El Ayuntamiento eliminó legalmente las plazas (así lo reconoció el Supremo) pero no llegó a ofrecerles un destino acorde a su categoría. Se les concedió primero un año de expectativa de destino y luego se forzó la polémica figura de la excedencia forzosa. «Yo siempre he dicho que unos 'sueldos Nescafé' como estos deberían ser una excepción en la Administración», valora ahora el alcalde en funciones, Santiago Rego, a preguntas de El Diario Montañés.
Precisamente a él le ha tocado resolver la herencia del año 2012. En este sentido, el regidor ha precisado que la solución a esta situación comenzó a «tener arreglo» en mayo de 2021, cuando él mismo habilitó al secretario para que elaborara un «informe jurídico» sobre los pasos a seguir para incorporar a los dos auxiliares a su categoría (la E), «la más baja de la función pública», afirma.
Origen El exalcalde Ramón Diego propuso en 2012 al Pleno la supresión de las dos plazas por tener un cometido «inútil e innecesario»
Denuncias En 2013 los agentes denunciaron persecución y consiguieron ganar algunas sentencias que obligaron a reubicarlos en su categoría laboral
Con este paso, lo que se pretendía es cumplir con el acuerdo de gobierno de 2019 (ULP-PRC) en el que ambas formaciones se comprometían a solventar el esperpento. Y es que, desde hace más de una década los dos exauxiliares han venido cobrando el sueldo sin trabajar y sin que fuera incompatible con otras actividades. «En 2022 el coste de ambos trabajadores para las arcas públicas fue de 36.085 euros, una cantidad que es un lujo para un ayuntamiento con escasos recursos como es el nuestro y que había que solucionar», reconoció el regidor.
Tras un «largo proceso administrativo», el pasado 24 de mayo, a tan solo cuatro días de acudir a las urnas, Rego convocó al tribunal calificador del proceso que ha regulado las bases de la convocatoria, mediante concurso reservado para funcionarios, «de dos plazas de operarios de servicios múltiples (de categoría E) a la que estaban obligados a concurrir los excedentes forzosos», afirmó.
Tras ello, el Ayuntamiento se lo comunicó a los dos exauxiliares para que presentasen la documentación. En este sentido, según el regidor, los aludidos tienen un plazo que expira el «28 de junio» y será el próximo alcalde quien tendrá que comunicarles «que disponen de cinco días para volver a trabajar», dice.
Rego especificaba también que han sido «dos años de intenso trabajo» para acabar con esta onerosa situación para las arcas. También precisó que ha habido recursos a muchos de los trámites por parte de los dos exauxiliares, y que el Pleno ha rechazado. Uno de ellos a la nueva hoja de valoración de tareas y competencias que se hizo tras reclasificar dos puestos vacantes de la cuadrilla de obras. Se trata de labores como limpiar y acondicionar caminos, desbrozar o notificación de documentos, entre otras tareas «sencillas». Tras ello se aprobó el Plan de Empleo y, el pasado diciembre, junto al Presupuesto, le siguió la aprobación de la oferta de empleo público que incluía ya las dos plazas para dar acomodo legal a los funcionarios.
Como último paso, las bases de la convocatoria por concurso para funcionarios fueron aprobadas por el alcalde, el pasado 24 de febrero, y se interpuso otro recurso más de reposición de ambos funcionarios que también fue desestimado. «Hemos cerrado un asunto heredado difícil y complejo. Liérganes no necesitaba tener auxiliares de policía», defendió Rego, avalando así la decisión tomada de suprimir los puestos por la Corporación presidida por Cabarga en 2012. «Si uno mira los partes de actividad de ambos agentes es insultante que se hubieran creado esas plazas, aduciendo, entre otras cosas, que los turistas valoran muy positivamente la presencia de policías en las calles de la villa», critica ahora Rego, recalcando que, con este trabajo ya hecho se va «satisfecho» -no se ha presentado a la reelección- dejando resuelto un asunto «que parecía no tener fin».
Cabe recordar que en 2013, los sindicatos policiales apoyaron sin excepción a los dos auxiliares a los que se les suprimió la plaza. Denunciaron «la persecución» por cuestiones de «venganza» que se hizo a ambos funcionarios porque el exalcalde ya desaparecido quería «policías a la carta que mirasen a otro lado y no denunciasen a quien eran de su cuerda». De hecho, la situación a la que se ha llegado se produce porque los dos auxiliares tienen sentencias a favor que obligaba al entonces regidor a reubicarlos en puestos correspondientes a su grupo.
Aunque en 2012 se argumentó, por parte del anterior alcalde, Ramón Diego, que se suprimían las plazas porque las mismas no tenían sentido en un contexto de crisis económica porque no se las sacaba rendimiento alguno en una localidad como la de Liérganes, la consecuencia de lo que pasó después fue todo lo contrario. Y es que prescindir de una figura de agentes de policía auxiliares de calle, les ha costado al final a los vecinos un buen puñado de euros, ya que ambos funcionarios tenían la plaza en propiedad y, al no poder reubicarlos en un puesto similar, la justicia les concedió la excedencia forzosa con salario. Tampoco se ha ahorrado en los costes jurídicos de todo el proceso hasta llegar a este punto. No obstante, el Supremo sí dejó claro que la decisión de suprimir las plazas de auxiliares si se ajustó a derecho, cuando los sindicatos policiales defendieron lo contrario.
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