Una empresa denuncia al Ayuntamiento de Riotuerto por tenderle «una trampa»

La empresa de Ayuda a Domicilio Carflor ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Riotuerto para que los tribunales declaren «la nulidad» del contrato menor que el Consistorio resolvió adjudicarle, el 9 de marzo de 2017, mediante resolución de Alcaldía. Según ese contrato, la empresa tenía que asumir tres meses la subrogación de la plantilla de las auxiliares que cubrían el servicio, tras la renuncia unilateral de la anterior empresa (UTE Urbania-Zahoz) por causas económicas. La demandante asegura que el Consistorio «urdió una trampa» y les «engañó» para eludir tener que contratar a las empleadas en la plantilla municipal.

En éste sentido, el Consistorio ha negado este extremo y asegura que la contratación de esta empresa, en marzo de 2017, fue un «expediente pulcro y totalmente legal», por el cual Carflor se hacía cargo de la subrogación del contrato de ayuda a domicilio, tras renunciar la anterior adjudicataria, de forma unilateral, a prestar el servicio el 3 de marzo de 2017, dando de baja a las trabajadoras el día 10. «Lo dice una sentencia que falla a favor del Ayuntamiento y de las auxiliares, ellas son trabajadoras de la empresa Carflor», explicaba el alcalde, Alfredo Madrazo, a éste periódico para justificar la plena vigencia y legalidad del contrato.

Desde el Ayuntamiento se declaraba ayer no tener constancia de la nueva demanda, al tiempo que se negaban las acusaciones de «engaño» a Carflor. «Nosotros damos por válido el contrato menor que se hace en base a la oferta que ellos mismos nos mandaron y que se hizo en base al pliego del contrato que es el que ellos asumen», explicaron. No obstante, la demandante mantiene que se trataba de una mera oferta económica y no de un contrato que nunca firmaron.

Según la demanda interpuesta el pasado 4 de diciembre por Carflor en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Santander, el Ayuntamiento de Riotuerto llamó a la empresa Carflor para «pedirles el favor» de subrogar el servicio, dados los problemas que habían tenido con la anterior adjudicataria y la resolución unilateral del contrato por parte de la misma. Previamente, Carflor ya había mantenido contactos con el Ayuntamiento y la otra empresa, a fin de hacerse con la cesión del contrato, pero finalmente no hubo acuerdo.

No obstante, y según el relato de los demandantes, en marzo de 2017 es el Ayuntamiento quien les pide ayuda y les propone que se haga una propuesta económica para asumir el contrato tres meses mientras se resuelve el problema con Urbania y se sacan nuevos pliegos. En este sentido, se explica que el Ayuntamiento llega a pasar un correo en el que «a toda prisa», les ruega que concreten una propuesta económica, dándoles incluso instrucciones de la cantidad que tiene que figurar. Tras ello, se dicta una resolución de Alcaldía para formalizar el contrato, pero Carflor asegura que se hace «de espaldas» a ellos y no se les da traslado hasta días después.

Según la empresa, «las prisas» en tramitar todo el expediente se producen porque la UTE Urbania da de baja a las trabajadoras del día 10 de marzo, aunque notifica la resolución unilateral del contrato el día 3 de marzo, lo que significaría -a su juicio- que el día 11 de marzo «las trabajadoras pasarían a ser automáticamente personal del Ayuntamiento», resumen. «Como conclusión, con el fin de evitar asumir a los trabajadores vinculados al servicio municipal, el Ayuntamiento de Riotuerto urdió una trampa simulando un expediente de contratación tramitado en un solo día, que es el que ha remitido al Juzgado, con el que se pretende vincular formalmente a mi mandante con una prestación que desconocía y para la que en absoluto prestó jamás consentimiento», resume el representante legal de la empresa, para explicar que se incluyeron también algunas condiciones y mejoras que no habían sido comunicadas a la empresa.

En medio de todo esta maraña judicial está la situación de las cinco trabajadoras del servicio que pasaron meses yendo a trabajar sin cobrar, hasta que pudieron denunciar su situación en el juzgado y se condenó a las empresas y al Ayuntamiento, como responsable subsidiario, a pagar sus salarios atrasados. Además el servicio de Ayuda a Domicilio no se presta a los usuarios desde el mes de marzo de 2017 y el Ayuntamiento de Riotuerto ha devuelto la subvención que recibe al Ejecutivo. Las empleadas aún no han cobrado, pero el Consistorio afirmaba ayer que las pagaría «este mes».

Otra de las novedades es que las auxiliares han vuelto a trabajar con Carflor hace unas semanas, ya que una sentencia ha obligado a esta empresa a su readmisión por haberlas contratado cuando se subrogó el servicio. No obstante, éstas profesionales no tienen trabajo porque , según la empresa, «no hay contrato» en vigor con el Consistorio, ya que el titular del servicio es el Ayuntamiento y este decidió suspenderlo en marzo. «Las estamos pagando sin trabajar», admitió la empresa ayer.