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En Ribamontán al Mar este viernes hubo dos plenos para hablar de lo mismo: si la emisión de boletines de multas de tráfico que realiza ... la Policía Local (más de 800 esta temporada) se hace correctamente o, por el contrario, se realiza de manera «irregular» por un defecto de forma legal -como afirma el PP- avanzando una avalancha de recursos. El asunto generó casi dos horas de debate, a ratos tenso, entre PP y PRC que quedó en tablas gracias, en parte, a la intervención de la portavoz de Iniciativa Vecinal, Pilar Quintanal, que puso paz y recordó a los presentes que estaban allí para buscar «soluciones» que garanticen la legalidad de las sanciones para el verano.
Pasadas las 9.00 horas se iniciaba el primero de los plenos, que surgía a raíz de la petición del único policía local del municipio que se sentía aludido y agraviado por las denuncias públicas del PP respecto a la posible tramitación irregular de las multas. En un escrito, el agente acusó al PP de ponerle en «el disparadero» y tener «fijación» con él. También decía que las multas se ponían «cumpliendo la normativa de forma escrupulosa» (esto también lo comentó el alcalde Francisco Asón, que dijo que se seguían las instrucciones de Presidencia y que iba todo «inmaculado»). Tras ello, el agente acusó a los populares de generar «crispación y alarma» con sus afirmaciones en prensa y redes sociales. Por último, criticó que se hubiese utilizado su calendario laboral para intentar anular una multa de aparcamiento de la concejala del PP, Eva Bedia, y otro vecino reservándose «acciones legales» contra los ediles si continuaban.
Cabe recordar que el PP lo que denunciaba es que las multas se proponían por el «personal del refuerzo auxiliar» de policía que hacía las fotos pero luego era firmada por el agente en cuestión que, en muchos casos, no estaba presente por ser el único que hay. Básicamente, el PP afirma que las multas son nulas por que si el funcionario no fue testigo no lo podía firmar como denunciante, (un defecto de forma) asegurando que lo habían consultado bien y había jurisprudencia.
Respecto a una mala utilización del horario del agente o la supuesta «alarma» generada por ellos, el portavoz del PP, Javier Hoz, respondió que nadie le iba a «coartar su libertad de expresión» ya que en sus manifestaciones no se ofendía a nadie y los horarios eran «públicos». Defendió que no tenían nada contra el agente ni contra el cuerpo, aludiendo a que debía estar «mal asesorado» para presentar ese escrito. También criticó que se expusiese el caso en el Pleno de su edil que había recurrido la multa en «legítima defensa», puesto que ella no había sido, sino «un familiar». De hecho, ella misma reclamó en la sesión su derecho a ejercer recurso.
La portavoz del PRC, Araceli Colina, defendió que el hecho de que un funcionario cometa un error en una propuesta de denuncia no anula «la validez y la eficacia» de la misma, porque la infracción se ha cometido. Explicó que tras las denuncias del PP en prensa y redes sociales habían acudido vecinos sancionados a recriminar el tema al agente y otros funcionarios. «Uno casi le pega», relató, para justificar el enfado del funcionario. Defendió el buen hacer del policía y recordó que tienen el deber de acudir cuando los vecinos les llaman en verano «porque no pueden entrar en las fincas», debido a la afluencia de turistas a las playas.
Desde Iniciativa Vecinal, Quintanal pidió «algo tan sencillo como modificar el boletín» para que los agentes no tuvieran problemas. El alcalde propuso pedir a Presidencia «cómo actuar».
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