«Espero que al conductor de Suesa le caiga la máxima pena y que la cumpla»

Este conductor circulaba a 79 km/h en un tramo limitado a 50 momentos antes de acabar con la vida de estos tres clientes del camping, y arrojó una tasa de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba (casi el triple del máximo permitido); 0,70 en la segunda, y 1,38 gramos por litro en sangre, alcohol que había combinado con Alprazolam, fármaco de la familia de las benzodiacepinas para la depresión.

A partir de mañana será juzgado en la Audiencia Provincial de Cantabria por tres delitos de homicidio por imprudencia grave en concurso con un delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo la influencia del alcohol y otro delito de conducción temeraria. El acusado se enfrenta a penas que van desde los seis años de cárcel que solicita el fiscal a los nueve que piden las acusaciones particulares.

Los familiares de las víctimas afrontan la celebración de este juicio con «nervios», «ansiedad» y «angustia». Al menos así lo ha trasladado a El Diario Montañés Jessica Rey de Perea, hermana de Erika y tía de Ethan Río, que tiene una «mezcla de sentimientos». «Revivirlo allí va a doler más».

Jessica es consciente de que «no se van a imponer los 9 años de cárcel porque está por encima de la ley». Por eso cree, y así lo ha manifestado públicamente en varias ocasiones, que «matar sale barato». «Creo que deberían cambiar las leyes porque esta persona nos ha causado un daño colateral, irreparable e irremplazable y ha dejado familias muy destrozadas», lamenta. La hermana de Erika solo espera «la máxima pena dentro de lo que está permitido y que la cumpla».

Y, como ocurre en muchos casos, lo que reclama una parte y la otra difiere. El representante del Ministerio Público considera al acusado, que se encuentra en prisión provisional desde agosto del año pasado (hace ya más de un año), autor de un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con un delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo la influencia del alcohol y otro delito de conducción temeraria. Hechos por los que también interesa la retirada del carné de conducir durante nueve años, lo que supone la pérdida definitiva del permiso de conducir.

En cambio, las acusaciones particulares solicitan una pena superior de nueve años de cárcel y trece de retirada del carné de conducir. Se trata de la pena máxima por imprudencia grave conforme al artículo 142 bis del Código Penal, que permite al juez imponer una pena de hasta nueve años de prisión en caso de un número de fallecidos muy elevado, causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor. Esto supone subir dos grados la pena respecto al delito de imprudencia grave que comprende entre uno y cuatro años de prisión. Sin embargo, el fiscal plantea la subida del homicidio imprudente en un grado, que según el artículo 142 bis es cuando se provoca la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones en los demás.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama 601.681 euros para los familiares afectados, la familia de una de las fallecidas solicita una suma total de 336.373 euros, mientras que la de la madre y el hijo fallecidos reclama 628.389 euros. Teniendo en cuenta esto, el juez instructor acordó en su auto de apertura de juicio oral que el acusado y su aseguradora prestases una fianza de 1,1 millones de euros, con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que puedan imponerse en sentencia.

Corredor de seguros jubilado, Acebes sufre un «trastorno depresivo recurrente», aunque «con remisión completa en todos los episodios», además de problemas con el alcohol, por lo que en los últimos años había tenido al menos tres caídas graves. Según él mismo declaró, toma 12 pastillas diarias y bebía alcohol. «Siempre conducía, pero no he tenido ningún accidente, volvía a casa perfectamente», alega. La Guardia Civil le había multado por un positivo de alcohol en la misma carretera del siniestro meses antes y se empotró con el coche en otra ocasión.

Los forenses descartaron las circunstancias atenuantes que planteaba el primer abogado defensor de Acebes. Los peritos judiciales sostienen que el detenido no sufre ningún trastorno mental que altere sus facultades y que la medicación que tomaba mezclada con alcohol no le afectó en la conducción. Sí apreciaron una «influencia del alcohol» en su capacidad volitiva, aunque no en la «cognoscitiva», puesto que eso le habría impedido ponerse al volante.

De su lado, la defensa actual solicitó la libre absolución, al entender que no es autor de delito alguno y subsidiariamente planteó que concurriría la eximente incompleta de alcoholemia.

Aun así, en casos como este no hay que descartar un posible acuerdo de conformidad.