La familia de dos fallecidos en Suesa recurre la libertad del conductor

Los parientes de dos de los tres fallecidos (también perdió la vida una mujer vecina de La Rioja, María Teresa Ramos) consideran que la gravedad de los hechos y los cargos que se imputan a Jaime Acebes Fernández, de 73 años, avalan su ingreso en prisión preventiva hasta la celebración del juicio.

En la resolución en la que acordó la libertad del investigado, el juez recordó que la medida de prisión provisional, interesada por la Fiscalía y la acusación particular, no tiene como finalidad «cumplir, por adelantado, la pena que, eventualmente, se imponga al investigado», sino que con ella se trata de «evitar la reiteración delictiva y el riesgo de fuga».

En este caso, consideró el magistrado que la prisión provisional «no se considera proporcional» y «sí adecuada la obligación de comparecer semanalmente, la prohibición de salir del país y la retirada del permiso de conducción». Sin embargo, la Fiscalía «no está de acuerdo» respecto a la apreciación que hace el juez. Cree que existe riesgo de fuga del conductor y, sobre todo, de reiteración delictiva.

Además, el juez cree que no se puede considerar que los hechos pudieran ser calificados como dolosos, «encuadrando, no obstante, en el de homicidio por imprudencia grave, que tiene prevista una pena de prisión de máximo cuatro años». Pero este es otro punto en el que discrepa el Ministerio Público, ya que «la pena máxima no es de cuatro años, sino de seis, puesto que puede aplicarse perfectamente el artículo 142 Bis del Código Penal teniendo en cuenta que hay más de una persona fallecida».

La familia de Erika y Ethan ha confirmado que va a hacer lo mismo que el fiscal con unos argumentos jurídicos similares. Asesorados por el presentante legal de la Asociación Contra la Violencia Vial de Euskadi, los parientes han decidido personarse en el procedimiento e intentar que el investigado vaya a la cárcel.

Lo hacen argumentando que el artículo 142 bis del Código Penal permite aplicar al acusado el grado superior de la pena de cárcel estipulada por conducción temeraria, que oscilaría entre los cuatro y los seis años debido a que habría provocado la muerte de más de una persona. La acusación particular también cree que así no existiría riesgo de fuga ni reincidencia.