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La Fiscalía de Cantabria está de acuerdo con las medidas cautelares impuestas al monitor deportivo de Villaescusa detenido por las grabaciones a jugadoras de fútbol en el vestuario y no recurrirá el auto del juez instructor que le prohíbe salir de España, le retira el pasaporte y le obliga a comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
El presunto autor de 36 vídeos en los que se han identificado a 46 víctimas, algunas menores, tampoco podrá acercarse y acceder a cualquier instalación deportiva del país frecuentada por menores, estar a menos de 100 metros del lugar de los hechos -en la localidad de La Concha- ni aproximarse o comunicar con dos menores con las que habría pretendido contactar.
El ministerio público, según ha trasladado a Europa Press, está conforme con la decisión del magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santander, que decretó libertad provisional sin fianza para el sospechoso porque esa parte -única acusación personada en la causa hasta ahora- no había interesado la prisión preventiva. De momento, la Guardia Civil ha identificado a 46 víctimas, algunas menores de edad, en un total de 36 vídeos hallados en el teléfono móvil que se retiró al monitor detenido por las grabaciones en el vestuario deportivo de Villaescusa, y que está siendo investigado por delitos contra la intimidad, en concurso con un delito de corrupción de menores. Además, en el terminal también se encontró material pornográfico descargado de internet, donde aparecían imágenes con niñas. El hombre, de 40 años y vecino del municipio, fue detenido el pasado 31 de agosto, y en su teléfono figuraban además de las dos grabaciones que dieron lugar a la denuncia otros 34 vídeos más que tomó en el vestuario entre abril y agosto de este año. En las imágenes aparecen jugadoras locales tras dieciséis entrenamientos y futbolistas visitantes después de la celebración de cuatro partidos.
En total, la Benemérita ha identificado a 46 víctimas, algunas menores, a las que se les ha ofrecido realizar acciones contra el implicado. El juez incidió en la gravedad de los hechos que se investigan, que podrán conlleva penas de hasta doce años de prisión, y justificó así las medidas cautelares acordadas.
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