El juez procesa al alcalde y a cinco ediles de Ribamontán al Monte por prevaricación y malversación

Así se desprende del auto emitido el pasado 25 de julio por el titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santoña, Carlos Miguel Arca, contra el cabe recurso de reforma y de apelación y que acuerda dar continuidad a las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado e insta a la Fiscalía y a las acusaciones personadas a solicitar la apertura del juicio oral formulando, en su caso, el escrito de acusación o bien, el sobreseimiento de la causa.

El auto del instructor se produce semanas después de que la Audiencia Provincial rechazara dejar sin efecto la toma de declaración de los mencionados ediles investigados por presunta prevaricación, tal y como había solicitado el regidor dentro de la causa abierta también contra él por el supuesto abono irregular de facturas por importe de cerca de 20.000 euros, que tenían reparo de la secretaria municipal y a las que votaron a favor a propuesta de la Alcaldía. La Audiencia desestimó el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de Ribamontán al Monte contra una providencia y un auto en los que se acordaba y mantenía la toma de declaración de los investigados y que «confirmó en su integridad».

Como se recordará, el pasado 21 de junio los tres ediles del PRC, el del PSOE y la exedil de Ribamontán al Monte investigados se acogieron a su derecho a no declarar durante la vista que trataba el caso. El PRC local insistió en aquel momento en que la causa no tenía recorrido legal porque estaba recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Los hechos que se podrían juzgar se remontan al período 2016-2018, en el que, según la denuncia presentada en su día por parte del anterior equipo del exalcalde del PP, José Luis Blanco, se realizaron pagos por valor de casi 20.000 euros en contra de los informes de la Intervención y a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria municipal. Esta situación llevó al PP a presentar una querella contra el primer edil, que a juicio de esa formación «levantó los reparos sin subsanarlos».

Según se indica en el auto emitido el pasado lunes, «en todos los supuestos anteriores se habrían producido reparos por parte de la interventora municipal, previo asesoramiento al responsable del Ayuntamiento sobre el asunto en cuestión, sin que dicho asesoramientos, ni el reparo posterior, hayan sido atendidos por parte del Consistorio».

El instructor añade que, «como indicio de la comisión de las irregularidades susceptibles de constituir delitos de prevaricación y malversación de fondos», fue el propio Joaquín Arco quien, en declaración en sede judicial, reconoció haber cometido «determinadas irregularidades», si bien las justificó en que, tanto dicho Ayuntamiento como otros, habían actuado de dicha forma en el pasado, «lo cual considera que le habilita para perpetuar dichas prácticas ilegales, y, posiblemente, delictivas». «Difícil argumento más favorable para la continuación de este procedimiento encontraremos que el propio reconocimiento de los hechos, previas las advertencias de la Intervención municipal, por parte del investigado, si bien la confesión, por sí sola, no es suficiente para la determinación de responsabilidad penal», añade el juez, que destaca además que el Ayuntamiento «conocía que el interventor había manifestado la irregularidad de lo que se estaba haciendo o proponiendo», con lo que se ratifica la declaración de la interventora, que aseguró que «siempre intentó asesorar al Ayuntamiento antes de emitir los reparos».

El instructor cree que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delito ya que se habrían dictado «resoluciones administrativas irregulares», votadas por todos los investigados, con «pleno conocimiento de que eran irregulares», puesto que, en todos los casos, «constan advertencias verbales y escritas», plenamente fundamentadas, acerca del error de realizar dichas aprobaciones (reparos), «siendo levantados los mismos sin haber subsanado dichas deficiencias, las cuales habían sido reconocidas por decretos del alcalde». «Además de ello, y teniendo en cuenta que los acuerdos irregulares han supuesto aprobación de gasto público, y, por tanto, perjuicio económico a las arcas públicas, se estaría cometiendo el delito de malversación de fondos públicos».

El alcalde de Ribamontán insistió ayer en que «continúa muy tranquilo» en relación a este asunto, ya que «aún podemos presentar varios recursos y quedan muchas personas por declarar». «Estoy totalmente despreocupado por este asunto, que está en manos de mis abogados. Mi prioridad son los proyectos que hay que sacar adelante para los vecinos y no me importan lo más mínimo las acusaciones de un señor que ya no es nada en el Ayuntamiento ni en el PP».