El juez sienta en el banquillo al alcalde de Ribamontán al Monte por prevaricación

En un auto emitido el pasado 26 de diciembre, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, el instructor declara como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Cantabria.

Los hechos que se juzgarán se remontan al período 2016-2018, en el que, según la denuncia presentada en su día por el anterior equipo del exalcalde del PP, José Luis Blanco, se realizaron pagos por «unos 140.000 euros» en contra de los informes de la Intervención y a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria municipal. Esta situación llevó al PP a presentar una querella contra el primer edil, que «levantó los reparos sin subsanarlos».

Según recogió el instructor en el auto de procesamiento de julio de 2022, que fue confirmado por la Audiencia el pasado agosto en lo que concierne al alcalde (sobreseyó la causa respecto a otros cinco ediles), «en todos los supuestos anteriores se habrían producido reparos por parte de la interventora municipal, previo asesoramiento al responsable del Ayuntamiento sobre el asunto en cuestión, sin que dicho asesoramiento, ni el reparo posterior, hayan sido atendidos por parte del Consistorio».

El propio Joaquín Arco, en declaración en sede judicial, reconoció haber cometido «determinadas irregularidades», si bien las justificó en que, tanto dicho Ayuntamiento como otros habían actuado de esa forma en el pasado, «lo cual considera que le habilita para perpetuar dichas prácticas ilegales, y, posiblemente, delictivas», apuntó el juez.

El pasado agosto, la Sección Tercera afirmó que «basta con leer la declaración como investigado del recurrente para colegir lo que describe el instructor. De entrada, reconoció que en la época de los hechos el Ayuntamiento no contaba con asesoría jurídica, por lo que no tiene sentido alegar que se recabaron informes jurídicos. ¿De quién?». El tribunal concluyó que la secretaria expuso todas las objeciones y reparos que formuló con el resultado negativo que tuvieron. «Es evidente que existen indicios suficientes para proseguir el procedimiento contra Arco, pues sabía y conocía perfectamente lo que estaba decidiendo y haciendo».

El exalcalde del PP, José Luis Blanco, sostiene que en su papel de concejal de la oposición se enfrentó a una «serie de irregularidades inaceptables que no podían ser ignoradas». Entre ellas cita el pago de la nómina a una coordinadora «sin trabajo efectivo, un gasto injustificado y sin respaldo; la contratación irregular de un aparejador, desoyendo los reparos del interventor y prorrogando contratos sin justificación; el pago de facturas ilegales por servicios jurídicos al alcalde, ignorando las advertencias del interventor; y contrataciones directas ilegales para servicios informáticos, sin seguir el procedimiento legal establecido».

Además, también acusa al regidor de «nombramientos incompatibles en la tesorería e intervención municipal, violando las normativas básicas, y pagos indebidos relacionados con una devolución del ICIO a un contratista, sin realizar los procedimientos previos necesarios».

Según sostiene Blanco (acusación particular), «estas acciones no solo representan una gestión negligente sino también un desprecio flagrante por las normas que rigen nuestra administración pública».