Movilización vecinal contra la planta de biogás de Praves

Vecinos de Las Pilas (Ribamontán al Monte) y de Hazas de Cesto están en pie de guerra para, «con la ley en la mano», paralizar la construcción de una planta de biogás en Praves (Hazas de Cesto) por los impactos y «malos olores» que –opinan– supondrá su puesta en marcha. Para ello, están recogiendo firmas (llevan más de 2.000) y presentarán alegaciones técnicas contrarias a esta industria. En la otra cara de la moneda, la empresa promotora, Verdalia Bioenergy, defiende que el proyecto presentado es «sostenible» para todos y en especial para los ganaderos; que no se generarán olores «más allá de los 500 metros» o que será una «herramienta» a disposición del sector primario, ya que sirve para reciclar purines y restos agrícolas, en consonancia con lo que dicta la normativa europea.

«No vamos a rendirnos en esta lucha. Ya vivimos algo similar cuando se levantó el vertedero de Meruelo», protestaban ayer desde la plataforma vecinal creada para abortar la construcción de esta industria que gestionará los restos agrícolas (purines, rastrojos...) transformándolo en energía sostenible: biogás. La misma, se ubica en terrenos de la Junta Vecinal de Praves que autorizó su construcción hace más de dos años. Se denunció entonces que se había dado el visto bueno 'de tapadillo', que nadie se enteró y se inició ya entonces una campaña informativa contra la planta por vecinos.

Aunque la planta proyectada está en Hazas, linda con la localidad de Las Pilas, en Ribamontán al Monte, que también se considera afectada. Su alcalde, Joaquín Arco (PRC), ha presentado alegaciones al proyecto porque «los intereses económicos de unos pocos no pueden anteponerse al interés de los vecinos. Nadie quiere que esta planta se levante en ese terreno que pertenece a los vecinos», precisó, augurando que la construcción del macrocomplejo supondrá «contaminar la zona, devaluará el precio de los terrenos y provocará que la gente se vaya», dijo.

Los mayores miedos que les surgen a los vecinos con la implantación de esta industria es «el fuerte olor que desprenderán las chimeneas de este planta; la contaminación del arroyo de San Juan que desciende por la montaña donde se levantará el complejo; la posible rotura de canalizaciones de aguas subterráneas; o los efectos nocivos que tendrá sobre la fauna», enumeran.

Detrás de cada camiseta con el lema 'Stop Macroplanta Biogás', se esconden varias historias personales y un sentimiento de desamparo institucional. Por ejemplo la de Ana Sierra y su marido que vivían en París con su hijo y una grave enfermedad les hizo mudarse a este entorno rural. «Era lo que necesitaba mi hijo y por eso nos construimos aquí una casa. Y ahora, ¿Qué futuro nos espera? ¿Quién nos va a comprar esta casa con vistas a la planta?», lamentó.

Al frente de la Ganadería La Llana, David García, asegura que es «falso» que esta industria sea sostenible para el medio ambiente, afirmando que más que ayudar –como asegura la promotora– dará la puntilla al sector primario. «Yo tendré que cerrar la ganadería. Esto acaba con los ganaderos», lamenta. Y es que la planta reciclará el residuo de los purines en base a la normativa europea que apunta a la reducción y tratamiento de los restos y él cree que no es necesario. «Toda la vida hemos utilizado los purines para la agricultura y crear camas a las vacas, secándolo y mezclado con paja... es decir, tradicionalmente lo hemos gestionado nosotros mismos», incidía.

Otra vecina de Hazas de Cesto, Arancha Ruiz Gómez, señala que su mayor temor es que la zona se convierta en «un cúmulo de materia orgánica de desechos» por la cercanía del vertedero de Meruelo que ya soporta la zona. También apunta al «intenso» tráfico de camiones que supondrá. Por eso, tiene «esperanza» puesta en que los políticos les «escuchen» esta vez.

Luis Pinto, otro afectado de Praves, explica que, en su caso, tiene en propiedad una finca de 220.000 metros en la que ha «paralizado» su proyecto de dedicarlo al turismo rural por el escenario actual. Censura que la planta se vaya a levantar en un terreno «rústico con especial protección agrícola y forestal», aunque reconoce que en 2021 fue declarado «suelo de interés social» por parte de la anterior Consejería de Medio Ambiente. Un modificado que –según afirma– se hizo para dar cabida a la planta. «Los vecinos discutimos el interés social de esta industria, es todo lo contrario», sentencia.

Ante la oposición vecinal y preguntado por el proyecto, el alcalde de Hazas de Cesto, el socialista Enrique Lastra, mantuvo una postura neutra, alegando que el Ayuntamiento no es competente. Insistió en que la planta proyectada está ahora en fase de exposición pública y opinó que tendrían que ser «los expertos que trabajan en el Gobierno regional quienes procedan a denegar o dar el visto bueno a esta iniciativa». En este punto, el Ayuntamiento «acatará la decisión que se tome», dijo, tras subrayar que «si se autoriza» el papel municipal será el de «velar» porque la empresa «cumpla estrictamente la legislación local», afirmó.

La empresa promotora Verdalia Bioenergy defiende que el proyecto del biometano no generará esos impactos que denuncia la plataforma, porque, entre otras cosas, «no se verterá agua», por lo que no habrá contaminación a acuíferos y las emisiones «se convertirán en biogás», que será reutilizado para uso industrial o agrícola. También afirman que se ha realizado un «estudio de olores» y que estos «no serán perceptibles más allá de 500 metros», incidiendo en que la planta está ubicada en terrenos «alejados de los núcleos urbanos», junto al vertedero de Meruelo. Además explican que sólo se construirá un «30%» del terreno de 16 hectáreas que han adquirido o que el proyecto se ha visto mejorado sustancialmente, ya que «ha aumentado la inversión a 25 millones de euros», de los 16 iniciales y cuenta con una subvención de 2,2 millones de fondos europeos. «Es un proyecto que contribuye a la sostenibilidad del sector ganadero y agrícola de Cantabria», defienden.

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