Piden 15 años de inhabilitación al alcalde de Ribamontán al Monte

por prevaricación administrativa

Así, tanto Joaquín Arco (PRC) como los ediles Raúl Fermín Ruiz, Fernando González, Mercedes Fernández, del PRC, y Jesús García, del PSOE, además de la ya ex concejal Lidia Ruiz (PRC) -a falta de conocer el escrito de Fiscalía- se enfrentan ahora a estas penas de entre 15 y 11 años, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

En el auto emitido el pasado 25 de julio por el titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santoña, Carlos Miguel Arca, se acordaba dar continuidad a las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado e insta a la Fiscalía y a las acusaciones personadas a solicitar la apertura del juicio oral formulando, en su caso, el escrito de acusación o bien, el sobreseimiento de la causa.

El alcalde y los cinco ediles se enfrentan ahora a la causa abierta contra ellos por el supuesto abono irregular de facturas por importe de cerca de 20.000 euros, que tenían reparo de la secretaria municipal y a las que votaron a favor a propuesta de la Alcaldía. Cabe recordar que la Audiencia desestimó el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de Ribamontán al Monte contra una providencia y un auto en los que se acordaba y mantenía la toma de declaración de los investigados y que «confirmó en su integridad». El juez apuntaba entonces a que el alcalde reconoció en su declaración haber cometido «determinadas irregularidades»

Como se recordará, el pasado 21 de junio los tres ediles del PRC, el del PSOE y la exedil de Ribamontán al Monte investigados se acogieron a su derecho a no declarar durante la vista que trataba el caso. El PRC local insistió en aquel momento en que la causa no tenía recorrido legal porque estaba recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Los hechos que se podrían juzgar se remontan al período 2016-2018, en el que, según la denuncia presentada en su día por parte del anterior equipo del exalcalde del PP, José Luis Blanco, se realizaron pagos por valor de casi 20.000 euros en contra de los informes de la Intervención y a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria municipal. Esta situación llevó a aquel equipo del PP a presentar una querella contra el primer edil, que a juicio de esa formación «levantó los reparos sin subsanarlos».

Según indican anteriores autos , «en todos los supuestos anteriores se habrían producido reparos por parte de la interventora municipal, previo asesoramiento al responsable del Ayuntamiento sobre el asunto en cuestión, sin que dicho asesoramientos, ni el reparo posterior, hayan sido atendidos por parte del Consistorio».

Durante todo este tiempo, el regidor, Joaquín Arco ha asegurado siempre estar «muy tranquilo» y que su única preocupación es «trabajar por los vecinos»

El instructor del caso cree que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delito ya que se habrían dictado «resoluciones administrativas irregulares», votadas por todos los investigados, con «pleno conocimiento de que eran irregulares», puesto que, en todos los casos, «constan advertencias verbales y escritas», plenamente fundamentadas, acerca del error de realizar dichas aprobaciones (reparos), «siendo levantados los mismos sin haber subsanado dichas deficiencias, las cuales habían sido reconocidas por decretos del alcalde». «Además de ello, y teniendo en cuenta que los acuerdos irregulares han supuesto aprobación de gasto público, y, por tanto, perjuicio económico a las arcas públicas, se estaría cometiendo el delito de malversación de fondos públicos».