Stop-Desahucios paraliza el desalojo de una familia con una niña de 7 años en Solares

La puesta en escena avanzaba un desenlace hostil, con la plataforma Stop-Desahucios bloqueando el acceso al portal y la Guardia Civil frente a ellos, a la espera de órdenes con un dispositivo espectacular que despertó la inquietud de los vecinos del barrio. Pero una vez puestas las fichas sobre el tablero, todo se resolvió por la vía del diálogo.

La orden judicial ordenaba para este martes a las 10.00 horas el desalojo de Olga, su pareja y su hija de 7 años del tercero derecha del portal 20 en la avenida Calvo Sotelo, en Solares. Llevan cinco meses sin abonar el importe del alquiler (350 euros) y las facturas de luz, agua y gasde un contrato privado de arrendamiento. «Es una familia que lleva mucho tiempo en paro y hay que ser comprensivos. La solución ya está dada porque van a abandonar el piso pero pedimos un mes de prórroga para arreglar todos los trámites», solicitó el portavoz de la plataforma, Antonio González. Fue él quien mantuvo una conversación, a ratos tensa, con el abogado de la propietaria del inmueble en el portal.

«Mi cliente lleva cinco meses con este problema. Hace muchos meses que se le ha comunicado a la familia que tiene que abandonarlo y creo que se ha tenido una paciencia infinita; esto no puede seguir así», resumió el letrado, que estaba acompañado por la secretaria judicial y el cerrajero para ejecutar el desahucio. La Guardia Civil, entre tanto, aguardaba alrededor.

Minutos antes se había personado en el piso el director de gabinete de la Consejería de Obras Públicas, Javier Ontañón: «La familia ya tiene las llaves de un piso en Anero, propiedad de la empresa pública Gesvicán, y de hecho me consta que ya ha comenzado el traslado de sus cosas», afirmó. A falta de dar de alta los suministros de luz, agua y gas, la vivienda será habitable.

Fue el argumento esgrimido por el responsable de Stop-Desahucios, y lo que propició la llamada del letrado a su cliente, para tratar de encontrar una solución pactada. Pero al otro lado del teléfono una voz se mostraba inflexible. «Me dicen que procedamos», le susurraba el abogado a la Guardia Civil. Pero se apartaron del tumulto para hablar en privado y se decidió posponer la acción, que hubiera resultado violenta. «De momento lo posponemos pero no garantizo nada», concluyó el abogado, y se marcharon.

La familia esperará ahora que llegue una nueva orden judicial para abandonar el piso, pero para entonces, si todo discurre según lo previsto, lo lógico es que estuvieran ya viviendo en el nuevo inmueble concedido por el Gobierno en orden de alquiler social.