El alcalde de Santa María de Cayón asegura que no intervino en la selección para las contrataciones

Concretamente, el juicio celebrado este martes ha versado sobre las contrataciones realizadas, en esta época, de monitores para las escuelas deportivas municipales; de peones para la Brigada Municipal de Obras o de personal para desarrollar los proyectos de la Agencia de Desarrollo Local.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular, encabeza por ediles o exediles de la oposición municipal, de PRC, PSOE y un concejal independiente, piden por estas contraciones nueve años de inhabilitación para Gómez por un presunto delito continuado de prevaricación.

Y es que consideran que el alcalde 'popular' llevó a cabo estas contrataciones de forma «arbitraria», «sin el más mínimo proceso selectivo» y con una «ausencia total» del cumplimiento de los principios que deben regir la contratación en la Administración, como son la igualdad, el mérito y la capacidad.

En el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander, Gómez, que lleva desde 1999 como regidor del municipio y gobierna desde hace varias legislaturas con mayoría absoluta, ha negado estas acusaciones y ha asegurado que, en esta época, las contrataciones para estos ámbitos se realizaban de la misma manera que se venían realizando antes de su llegada a la Alcaldía.

De hecho, ha asegurado que, durante esta etapa, y a raíz de las indicaciones del interventor, comenzó a implementar «cambios del sistema» en estos procesos de contratación en el Ayuntamiento.

Ha relatado que, en el caso de las escuelas deportivas, era el entonces director de las escuelas deportivas, Ángel Puente, ya jubilado, el que elegía a quién se contrataba como monitores. Y en la contratación temporal de peones para la Brigada de Obras, el regidor ha señalado que, ante una determinada obra, era el encargado de Obras el que decidía, siguiendo «criterios profesionales» en función del tipo de actuación que se iba a realizar, qué tipo de persona se necesitaba contratar.

También ha señalado que se contrataban a personas con problemas para encontrar trabajo o que tuvieran algún tipo de problema físico.

Y en relación al personal para proyectos de la Agencia de Desarrollo Local ha explicado que este organismo presentaba al Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) sus programas de empleo, definiendo el perfil de las personas que se precisaba contratar.

Una vez que el EMCAN aprobaba estos programas, se enviaba desde la oficina de empleo un listado con las personas que cumplían esos criterios y se procedía a la contratación.

En el juicio, han declarado como testigos la entonces secretaria municipal, Teresa Ruiz, y el interventor municipal, David Fresno, quienes interpusieron varios reparos a estas contrataciones, en los cuales se basan las acusaciones contra el regidor.

Concretamente, según ha puesto de manifiesto el fiscal en el juicio de hoy, el interventor municipal realizó en esta época más de 80 reparos sobre estas contrataciones.

Sin embargo, en el juicio de hoy, el interventor ha afirmado que, ante sus reparos, sí apreció «voluntad» en el alcalde de regularizar estos procesos de contratación, llevándose a cabo varios cambios en los sistemas que se seguían.

Así, tal y como ha señalado el alcalde, ha reconocido que, en esa época, se dio de alta en la Seguridad Social a los monitores, algo que hasta el momento no se hacía, y se externalizaron las escuelas deportivas.

Así, ha reconocido que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón se ha «avanzado» -también en esos años- en la «corrección de muchos errores» que existían. «Un cambio de sistema no es algo que se puede hacer de una manera drástica», ha añadido.

Ese tipo de afirmaciones del interventor en el juicio han provocado las críticas tanto del fiscal como de los letrados de la acusación popular, que han tildado de «surrealista» la declaración de Fresno, al que han acusado de no mantener la «contundencia» que mostraba en sus reparos y de pretender «edulcorar» ahora el comportamiento del alcalde.

También han declarado el entonces director de las escuelas deportivas, Ángel Puente, ya jubilado; la directora de la Agencia de Desarrollo Local, Gema Echevarría, y un funcionario administrativo del Ayuntamiento.

Todos ellos han coincidido en que no recibieron instrucciones del alcalde sobre las personas a las que se debía contratar.

En línea con lo relatado por el alcalde, el entonces director de las escuelas deportivas del municipio ha reconocido que era él quien elegía a los monitores de las escuelas, siguiendo --ha dicho-- criterios «deportivos».

Ha explicado que él, es una persona «muy relacionada» con el mundo del deporte y contrataba a personas que conocía vinculadas a las distintas disciplinas en función de las necesidades que había en las escuelas deportivas.

Tras las testificales, tanto el fiscal como la acusación popular se han ratificado en su acusación y en la petición de 9 años de inhabilitación para el regidor al considerar que en el juicio ha quedado «claro y meridiano» la «ausencia absoluta» de procedimientos de contratación.

Consideran probado que, por parte del alcalde, había una «voluntad manifiesta» de contratar a una serie de personas y que su comportamiento muestra una «absoluta discrecionalidad» y una forma de actuar al «libre albedrío».

A su juicio, ha quedado probado que Gómez realizó, de forma «cronificada» en el tiempo, contrataciones de forma «arbitraria», «sin el más mínimo proceso selectivo» y sin seguir los principios de «igualdad, mérito y capacidad» que deben regir la contratación de la Administración.

«Su actitud ha sido corrupta», ha concluido una letrada de la acusación particular, que ha afirmado que «Santa María de Cayón ha venido siendo el cortijo de Gastón Gómez».

Por el contrario, el abogado de la defensa, que representa a Gómez, ha pedido su absolución al considerar que no se dan los elementos para que la actuación sea considerada como un delito de prevaricación.

El letrado de Gómez considera que han podido existir «posibles irregularidades administrativas» pero no un comportamiento de tipo penal como el que observa por la Fiscalía y la acusación popular ya que, entre otros puntos, a su juicio, no ha quedado acreditado ni la existencia dolo directo o de perjuicio.

Además, el abogado del alcalde ha defendido que sí hubo «unos criterios de contratación», como deportivos, profesionales, o sociales, aunque no fueran «los estrictamente establecidos en la ley».

También ha insistido en que, por parte de Gómez, no hubo una intervención «ni directa ni caprichosa» en estas contrataciones puesto que él no dio instrucciones sobre a quién se debía contratar y solo se limitó a realizarlas dado que era el órgano de contratación.

Para este letrado, lo que hay que valorar es si se está «ante un cacique que actuó por su propio interés personal» o, como él cree, se está «ante unas contrataciones que respondieron a unos fines o a una explicación mínimamente admisible».