El alcalde de Cayón pierde el recurso que interpuso contra el Pleno para sustituirle

El magistrado, que impone las costas a Gómez y que ya había desestimado con anterioridad las medidas cautelares solicitadas por él mismo, considera «ajustado a derecho» el Pleno en el que se debatía un único punto: «la toma de conocimiento y acuerdos sobre sentencia judicial de inhabilitación del alcalde y liquidación de haberes correspondientes».

Previamente, el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander había inhabilitado a Gómez para cargo público durante nueve años por el asunto de los contratos 'a dedo'. Un asunto que está pendiente de una nueva resolución judicial en la Audiencia ya que el todavía regidor ha recurrido la pena impuesta al declararse «inocente» de todos los cargos.

El hecho de que la condena haya sido sólo en primera instancia era uno de los argumentos de sus letrados para defender su «presunción de inocencia» y la vulneración de otros derechos, ya que el asunto había sido recurrido. También porque consideraban que el órgano municipal no era «competente» para declarar la «incompatibilidad» de la pena impuesta a Gómez con su mantenimiento en el cargo.

Por su parte, la representación legal del Consistorio defendió que la Administración hizo lo correcto y sólo se limitó a «dar cuenta» de la condena y de la «toma de conocimiento» de la situación jurídica del regidor de cara a «activar el procedimiento» para su sustitución en consonancia con la legislación aplicable, la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg).

Es esta última tesis la que avala el magistrado ya que la última reforma de la Loreg marca, en sus artículos 6.2 y 6.4, que un alcalde condenado por tales delitos concurre en causa de ilegibilidad y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo vincula con una causa sobrevenida de incompatibilidad para permanecer en el cargo, aunque la condena sea en primera instancia.

Además la sentencia explica que, en este caso, tampoco puede apreciarse la concurrencia de la vulneración a la presunción de inocencia -como presume la defensa- y a la segunda instancia en materia penal porque la condena de inhabilitación «ha sido recurrida» y, hasta que no haya una resolución firme, «sigue siendo plenamente aplicable». Por ello, considera que este derecho del regidor «no es incompatible» con la previsión de la Loreg, atendiendo al alcance del delito, sobre la inelegibilidad del condenado en primera instancia «tras ponderarse con el concurrente interés público y necesaria ejemplaridad de quienes desempeñan un cargo público», resume.

La consecuencia del fallo es que el Pleno para iniciar el proceso para destituir a Gómez es «ajustado a derecho» y, por tanto, el Consistorio debería continuar con el procedimiento para la elección del nuevo alcalde, cuyo nombre sigue seis meses después sin estar nada claro. En este sentido, ni la Ejecutiva regional del PP, ni la local han querido desvelar si será la candidata natural y segunda de la lista, Pilar del Río, o el concejal que ha estado ejerciendo de alcalde desde el pasado mes de agosto, Francisco Viar.

El caso de Gastón Gómez es muy parecido al de José María Ruiz (PRC), alcalde de Hazas de Cesto, también inhabilitado ocho años por «prevaricación» por el Juzgado de lo Penal número 4. La única diferencia es que, este último anunciaba hace días su dimisión antes de que se aplicase la ley, rodeado de la dirección del partido y anunciando que recurriría. Su situación judicial se produce a raíz de la denuncia de un vecino que le pidió durante años que interviniese en un conflicto urbanístico por una construcción ilegal, sin que este hiciese nada.